Harkaitz Millán
País Vasco
Dimite el diputado foral Harkaitz Millán tras ser detenido por atentar contra la autoridad
El hasta entonces diputado guipuzcoano ha increpado presuntamente a los ertzainas
El diputado foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de Gipuzkoa, el socialista Harkaitz Millán, ha dimitido de su cargo este domingo tras ser detenido en la madrugada por la Ertzaintza, acusado de atentado a agentes de la autoridad en un incidente ocurrido en un local hostelero de San Sebastián.
El arresto, del que han informado fuentes de la institución foral, no ha sido confirmado ni desmentido por el Departamento vasco de Seguridad, si bien el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha indicado en un comunicado que «ha decidido admitir de manera inmediata su dimisión, ante los graves hechos sucedidos» esa noche en la capital donostiarra.
La dirección del PSE-EE de Guipúzcoa ha anunciado por su lado que acepta la renuncia como diputado foral que ha presentado Millán «por motivos personales» y que lo sustituirá en el cargo María José Tellería, actual directora general del departamento.
Las fuentes forales han indicado que la detención fue practicada en la Parte Vieja de San Sebastián, en las inmediaciones de un establecimiento de hostelería, adonde se ha desplazado la Policía vasca a requerimiento de los guardas de seguridad del local por una discusión en su interior.
El hasta entonces diputado guipuzcoano ha increpado presuntamente a los ertzainas, que le han arrestado bajo la acusación de atentado a agentes de la autoridad.
El diputado general del territorio, Markel Olano, ha difundido un comunicado en el que, además de admitir la renuncia de Millán, ha «condenado firmemente» los hechos y ha remarcado que su gabinete «lleva años trabajando por una Guipúzcoa y un gobierno foral ejemplar, en los que este tipo de actitudes no tienen cabida».
El presidente del Ejecutivo guipuzcoano, del PNV, ha recordado que la institución aprobó en 2016 un «Sistema de Integridad Institucional» con unos códigos éticos, cuyo cumplimiento «es obligado para todos los miembros de la Diputación y los altos cargos públicos».
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