Una mujer pasea a una anciana en silla de ruedas, en las inmediaciones de la residencia geriátrica de As Gándaras
El Consejo Español para la Dependencia exige al Gobierno «que deje de invisibilizar la labor cuidadora de las familias»
A pesar de la falta de ayudas y reconocimiento institucional, cerca del 80 % de las personas que se hacen cargo de menores o ancianos dependientes no son profesionales, sino madres de familia
El 81 % de las cuidadoras principales de menores o adultos dependientes no son profesionales ni personal doméstico, sino esposas y madres de familia que, por su dedicación constante tanto a sus hijos como a sus familiares adultos con dependencia o discapacidad, lleva entre 5 y 30 años cuidando sin descanso. Son datos del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, (CEDDD), que acaba de reclamar al Gobierno «una respuesta clara, firme y urgente» ante la falta de medidas y apoyos que sufre «el pilar más invisible, pero esencial, del sistema de cuidados en España».
En concreto, el CEDDD ha recordado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que «no bastan las declaraciones generales, ni las promesas vagas» y ha exigido que el Ejecutivo «deje de invisibilizar» y «ponga en el centro de las políticas públicas» a «las familias cuidadoras».
Mujeres «invisibles» para el Gobierno
El reciente anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia presentado por el Ministerio de Bustinduy «ha generado un profundo malestar entre las cuidadoras principales, al no recoger la mayoría de las propuestas presentadas por este colectivo», señalan desde el CEDDD. Una crítica que se suma a las ya expresadas por la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, desde la que se ha tildado el anteproyecto como «una oportunidad».
El CEDDD ha recordado al ministro de Unidas Podemos que el colectivo de los cuidadores principales «está integrado mayoritariamente por mujeres, que no pueden seguir siendo invisibilizadas» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Así, han reclamado que el anteproyecto contemple un conjunto de «medidas urgentes», entre las que destacan «el apoyo psicológico, servicios de respiro, compensación económica, protección social, compatibilidad de ayudas, cobertura ante bajas o enfermedades, y pensiones dignas». Unas demandas, dicen, «alineadas con la Estrategia Europea de Cuidados de Larga Duración», que «no pueden seguir esperando».
Un necesario cambio en el lenguaje
Asimismo, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia reclama que el lenguaje administrativo, para el que en tantos otros aspectos es tan insistente la actual coalición de partidos que forman el Gobierno, contemple también la realidad de las familias cuidadoras. Así, reclaman «el reconocimiento del término 'cuidadoras principales', en lugar de 'cuidadoras no profesionales', utilizado en la ley», que contiene una carga «peyorativa y reductora». «Reconocer su rol con las palabras adecuadas no es solo una cuestión semántica, es un paso imprescindible hacia su visibilidad institucional y su autoestima como colectivo», señalan desde el Consejo.
«Las cuidadoras principales –concluyen desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia– no son un colectivo residual ni marginal: son la base silenciosa del sostenimiento familiar y social. Su labor tiene un valor incalculable, y su olvido, un coste humano que no podemos permitirnos».
