El ya exministro de Educación de Rumanía, Sorin Cimpeanu
Dimite Sorin Cimpeanu, ministro de Educación rumano, tras ser acusado de plagiar un trabajo
Previamente, ya se le acusó de copiar una parte de su tesis doctoral, pero un juez desestimó la demanda
El ministro de Educación de Rumanía, Sorin Campeanu, dimitió este jueves de su cargo tras ser acusado por una periodista especializada en plagios de haber copiado 92 páginas de otras fuentes académicas a las que no citó en un trabajo universitario para un curso que realizó en 2006.
«He decidido, por propia iniciativa, dimitir del puesto de ministro de Educación», explicó Campeanu en su cuenta de Facebook. El hasta ahora ministro no hizo ninguna referencia al motivo de su renuncia, que ha sido aceptada por el primer ministro rumano, Nicolae Ciuca.
La misma periodista que ha hecho caer a Campeanu, Emilia Sercan, denunció en enero de este año que el propio primer ministro pudo haber plagiado parte de su tesis doctoral.
El primer ministro rechazó las acusaciones, que fueron desestimadas por un juez en un polémico proceso en el que el magistrado fue acusado de favorecerle.
Después de demostrar que varios políticos y altos cargos rumanos habían plagiado, y tras denunciar el supuesto plagio del primer ministro, Emilia Sercan recibió amenazas de muerte y vio como fotografías íntimas suyas eran publicadas en internet.
En los últimos años, Sercan reveló la existencia de lo que ella mismo llamó «fábricas de diplomas» destinadas a ofrecer títulos obtenidos de manera fraudulenta a políticos y personalidades de la vida pública rumana.
Sus investigaciones llevaron a la remodelación del sistema de formación de la Policía rumana.
En una decisión muy criticada, el Tribunal Constitucional estableció el pasado mes de junio que el Ministerio de Educación no podrá retirar por plagio ningún título de doctor que haya sido obtenido antes de 2011, el año en que se aprobó la Ley de Educación que legisló sobre la materia.
La sentencia, calificada por sus críticos como una «amnistía para los plagiadores», garantiza la conservación de sus títulos universitarios a los políticos, jueces y funcionarios en activo sospechosos de haber copiado en sus tesis.
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