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25 de abril de 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe BidenEFE

África

Biden amenaza a Uganda con imponer sanciones tras la aprobación de la ley contra la homosexualidad

La norma castiga la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte

Uganda ha aprobado la ley más severa del mundo contra la homosexualidad. Esta controvertida norma ha provocado las críticas de gran parte de los países occidentales y de las organizaciones de derechos humanos.
La ley castiga con penas de hasta 20 años de cárcel la «promoción de la homosexualidad» y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado la decisión, que han tildado de «vergonzosa».
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha ido más allá y ha afirmado que la ley contra la homosexualidad promulgada en Uganda constituye una «trágica violación» de los derechos humanos y debe derogarse.
Biden ha amenazado al país africano con la posibilidad de imponer sanciones y restringir la entrada en Estados Unidos de ugandeses implicados en abusos contra los derechos humanos o corrupción.
El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también objetó la ley al señalar que Estados Unidos estaba «profundamente preocupado» por la aprobación de la norma.
«El fracaso de Uganda en salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTQ es parte de una degradación más amplia de las protecciones de los derechos humanos que ponen a los ciudadanos ugandeses en riesgo», agregó Blinken.
Biden señaló que pidió al Consejo de Seguridad Nacional que analice «los compromisos de Estados Unidos con Uganda en todos sus aspectos», incluyendo la asistencia a la lucha contra el sida y otras ayudas e inversiones.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se ha pronunciado en esta misma línea y ha declarado que está «muy preocupado» por la promulgación de la ley.
En cuanto a las consecuencias de esta ley en las actividades de la ONU en la nación africana, «nuestro equipo en el país continúa interactuando con el gobierno para ver cuál será el impacto», aclaró su portavoz, Stéphane Dujarric.
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