Inmigrantes en la valla fronteriza de Melilla, imágen de archivo
Bélgica se desmarca del ‘Refugees Welcome’ y propone una política de deportaciones más estricta
Solo 8.500 de los inmigrantes ilegales cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas han regresado a sus países con asistencia gubernamental
En Bélgica, la Secretaria de Estado para el Asilo y la Migración, Nicole de Moor, ha presentado ante el parlamento belga una reforma en la política de retorno de migrantes.
Este proyecto de ley, debatido por primera vez en comisión de la Cámara, propone endurecer la política de retorno para los solicitantes de asilo que han recibido una respuesta negativa.
La decisión surge en el contexto de las repetidas crisis de asilo y se ve agravada por el reciente atentado terrorista del 16 de octubre, que resultó en la muerte de dos ciudadanos suecos, marcando un punto de inflexión en la percepción pública sobre la eficacia de las políticas migratorias actuales.
De Moor enfatizó que los métodos previos no estaban funcionando adecuadamente, como quedó demostrado con el ataque.
En Bélgica, se estima que hay entre 100.000 y 200.000 personas en situación de estancia ilegal. Estas cifras contrastan con las de España; en 2023, 64.300 inmigrantes ilegales alcanzaron el territorio nacional, gran ascenso frente al número total de entradas de inmigrantes de forma irregular en 2022, que fue de 31.219.
En 2022, de los 25.000 solicitantes de asilo en Bélgica a quienes se les ordenó abandonar el país, no hay registro de retorno, ni voluntario ni forzado, para aproximadamente 22.000 de ellos. Hasta la fecha, solo 8.500 personas han regresado a sus países de origen con asistencia gubernamental, una cifra que De Moor considera insuficiente.
La reforma establece una obligación de cooperación y la creación de 43 oficinas de retorno distribuidas en 23 lugares de Bélgica. Estas oficinas contarán con entrenadores de manejo de casos individuales (ICAM) para persuadir a las personas a regresar a sus países.
Además, se planea construir un centro de salida en Steenokkerzeel y tres nuevos centros de retorno cerrados en Zandvliet, Jumet y Jabbeke, este último reemplazando el centro en Brujas.
El proyecto recalca que aquellos con una decisión negativa deben cooperar. De no ser así, las autoridades podrán tomar medidas como la confiscación de documentos, la asignación de una dirección de residencia obligatoria o el encierro en un centro .
«El retorno será forzado si las medidas no coercitivas no conducen a un retorno», subrayó De Moor. Para facilitar estos retornos forzados, se ampliará la lista de acompañantes potenciales a agentes de Frontex y de la Oficina de Extranjeros, junto con un oficial de policía.
Cooperación internacional
Un desafío crítico en este nuevo enfoque es la cooperación con los países de origen de los solicitantes rechazados.
Muchos estados se resisten a aceptar de vuelta a sus ciudadanos, especialmente a aquellos con antecedentes penales. De Moor enfatizó la necesidad de una mayor implicación en este aspecto, especialmente con los países del norte de África, y expresó su esperanza de avanzar en este tema crucial durante la presidencia belga de la UE en el primer semestre de 2024.
