Protesta en Japón por la pena de muerte
Las ejecuciones en el mundo marcan un récord desde 2015, con China, Irán y Arabia Saudí en cabeza
La organización Amnistía Internacional ha alertado de la falta de datos de grandes perpetradores como China, Corea del Norte o Vietnam
En un nuevo informe, hecho público este martes, Amnistía Internacional (AI) denunció que el uso de la pena de muerte ha crecido significativamente durante la última década hasta alcanzar su cifra más alta desde 2015. Una práctica en la que países como Arabia Saudí, Irak, Irán y China se encuentran a la cabeza y que tiene como objetivo principal manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas.
Asimismo, AI alertó de que faltan datos de grandes perpetradores como China, Corea del Norte o Vietnam. La organización proderechos humanos señaló en su informe Condenas a muerte y ejecuciones 2024 que la cifra del año pasado es ligeramente inferior a la de hace diez años, cuando hubo al menos 1.634 ejecuciones.
Además, corresponde a solo 15 países, la cantidad más baja por segundo año consecutivo, dado que cada vez hay más Gobiernos que eliminan esta forma de castigo.
Según la ONG, actualmente hay 113 Estados que han abolido la pena de muerte totalmente y 145 que la han eliminado bien por ley o en la práctica. De las 1.518 ejecuciones contabilizadas en 2024, un 91 % se llevaron a cabo en Irán, Irak y Arabia Saudí.
El régimen de los ayatolás ejecutó al menos a 972 personas, 119 más que en 2023, lo que representa un 64 % del total conocido, mientras que Arabia Saudí duplicó su cómputo anual, de 172 a unos 345 ciudadanos. Irak casi cuadriplicó sus ejecuciones, de al menos 16 en 2023 a un mínimo de 63 el año pasado.
China, por su parte, sigue siendo el país del mundo con mayor tasa de ejecuciones –se estima que a lo largo de 2024 se han registrado miles en el gigante asiático–, si bien esta práctica constituye un «secreto de Estado» y el régimen de Xi Jinping no ofrece datos al respecto. En Europa, Bielorrusia es el único país que hace uso de la pena capital, mientras que Rusia y Tayikistán han mantenido sus moratoria.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, insistió en que esta práctica supone un «crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual» y recordó que a pesar del «secretismo que rodea el escrutinio en algunos países, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada».
En este sentido, señaló que «quienes se atreven a desafiar a las autoridades se enfrentaron a los castigos más crueles especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se utiliza para silenciar a los que tienen la valentía de alzar la voz».
Callamard denunció además que «más del 40 % de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo ilegalmente dado que fueron por delitos relacionados con drogas».
«Según el derecho internacional, el uso de la pena de muerte debe restringirse a los delitos más graves, y las condenas por delitos de drogas no cumplen este requisito», afirmó.
Según el informe, las ejecuciones por ese motivo fueron frecuentes en China, Irán, Arabia Saudí, Singapur y probablemente en Vietnam.