Denver, Chicago y el condado de Pima demandan a Trump por impago de fondos para el albergues de inmigrantes

Tres entidades gubernamentales —las ciudades de Denver (Colorado), Chicago (Illinois) y el condado de Pima (Arizona)— han interpuesto una demanda conjunta contra el Gobierno federal de los Estados Unidos, exigiendo el desembolso de 40 millones de dólares (equivalentes a unos 35,8 millones de euros) en concepto de reembolsos prometidos para la financiación de albergues destinados a migrantes.

La acción legal, presentada este viernes ante un tribunal del Distrito Norte de Illinois, responsabiliza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por la negativa a cubrir los gastos asociados a la acogida de solicitantes de asilo que fueron admitidos y registrados por la Patrulla Fronteriza durante los años fiscales 2024 y 2025.

Según se detalla en la documentación judicial, el DHS habría retenido unilateralmente fondos ya asignados por el Congreso: 24 millones destinados a Denver, 12 millones a Chicago y otros cuatro millones al condado de Pima. Los demandantes alegan que, pese a reiteradas solicitudes, la administración del presidente Donald Trump ha mantenido silencio respecto al cumplimiento de estas obligaciones económicas.

Rex Scott, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Pima, expresó su malestar en un comunicado oficial. «Desde 2019, el Gobierno federal venía colaborando con los gobiernos locales para asegurar condiciones dignas en los albergues, protegiendo la salud pública y la seguridad. Actuamos de buena fe, contando con fondos ya autorizados por el Congreso, y ahora se nos cambia repentinamente las reglas del juego», denunció.

Los fondos en disputa forman parte de un paquete legislativo superior a los 600 millones de dólares, aprobado por el Congreso para hacer frente a la presión migratoria en la frontera sur del país. Sin embargo, la actual administración federal ha introducido nuevos requisitos para su liberación, entre los que se incluyen la entrega de datos personales —como nombres, números de identificación y destinos finales— de los migrantes que fueron alojados temporalmente.

Además del retraso en los pagos, los demandantes critican la decisión del Ejecutivo de poner fin a varios programas de ayuda que venían sosteniendo el funcionamiento de los albergues. Esta medida ha provocado el cierre de múltiples instalaciones, incluidas al menos dos en el sur de Arizona, lo que ha generado una situación aún más precaria para los migrantes en tránsito.

Las autoridades locales insisten en que el incumplimiento del Gobierno central no solo pone en riesgo el bienestar de quienes buscan asilo, sino que también socava la capacidad de los gobiernos municipales y condales para gestionar eficazmente una crisis humanitaria que requiere coordinación y compromiso institucional.