El transporte público en el aire: el Gobierno amenaza con retirar las ayudas a las ciudades sin Zonas de Bajas Emisiones

Hace algo más de un año que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba ligar la concesión de ayudas al transporte público a la puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones mediante el Real Decreto-ley de 28 de enero de 2024.

Para entender los antecedentes de esta medida hay que viajar al pasado, cuando en 2021 el Gobierno aprobaba la puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Se limita la movilidad

Al tratarse de una medida muy poco popular, en aquel momento el Ejecutivo vendió que la decisión era fruto de una imposición de Bruselas para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes.

Poco después conocíamos la verdad de un proyecto faraónico que no tenía nada que ver con Bruselas, pues el Gobierno comunitario se limitó a instar a los países miembros de la UE a mejorar la calidad del aire de sus ciudades, para lo cual marcó un calendario de exámenes para analizar su evolución con el paso de los años, de hecho el primer control no tendrá lugar hasta 2027.

Bruselas no obliga a nada

La medida aprobada por Pedro Sánchez afectaba a 150 municipios de más de 50.000 habitantes que se han mostrado en su gran mayoría muy contrarios a su aprobación, por lo que el Ejecutivo se vio obligado a ligar la puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones a determinadas ayudas como son las del transporte que ahora peligran en decenas de municipios.

La situación a día de hoy es que las ayudas al transporte peligran en más del 50 % de las 83 ciudades que las están recibiendo, por lo que algunas de ellas como Gijón, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife han pedido ya oficialmente al Gobierno que no liguen las ayudas al transporte a las Zonas de Bajas Emisiones.

No tiene sentido

La razón es muy sencilla, sin ayudas al transporte subirá el precio del billete y se favorece aún más el vehículo particular, lo que es un contrasentido si de lo que se trata es de reducir las emisiones de este tipo de vehículos.

En un caso concreto como el de Gijón la eliminación de estas ayudas al transporte, algo más de 1,2 millones de euros al año, va a suponer que el precio del billete sencillo se dispare de los 38 céntimos a los 75, una subida muy difícil de asumir para muchos usuarios.

Por si esto fuera poco hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas 40 o 50 ciudades que van a dejar de recibir ayudas al transporte no han puesto en funcionamiento sus Zonas de Bajas Emisiones porque no pueden, pues en la mayor parte de las ciudades están judicializadas y es muy probable que se anulen, tal y como ocurrió en Madrid hace meses con una sentencia judicial modélica.

Todo ello sin olvidar que en Francia también están en vías de anularlas al declararlas inconstitucionales al perjudicar a las clases menos favorecidas.