El Gobierno cumple su chantaje y retira las ayudas al transporte público a las ciudades que no multan a los coches sin etiqueta

Hace ya meses que numerosos municipios españoles vienen denunciando que el Gobierno les está sometiendo a un chantaje para obligarles a poner en funcionamiento Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), o lo que es lo mismo multar a los vehículos sin etiqueta o que no cumplan con las limitaciones a la circulación que están obligados a poner en funcionamiento las 151 ciudades españolas con más de 40.000 habitantes.

En algunos casos esto supone doblar el precio de los autobuses y el metro, pues en la mayor parte de los casos se trata de servicios deficitarios que no están en pérdidas gracias a esta subvención, que en algunos casos puede llegar a suponer hasta el 1 % del presupuesto de los ayuntamientos.

Billete el doble de caro

Esto supone que para una ciudad media de 50.000 habitantes el precio del transporte público, autobús para más señas, puede pasar de los 50 céntimos a más de 80, una verdadera barbaridad que lo único que va a lograr es desincentivar el uso del transporte público y potenciar el del privado.

Así las cosas este año es el primero en el que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, va a ligar la liquidación de estas ayudas al transporte que tienen lugar en enero o febrero del año siguiente, no solo a la puesta en funcionamiento de Zonas de Bajas Emisiones, sino a que estén multando a los conductores.

Ayudas en el aire

En números concretos 151 ciudades españolas están obligadas a tener Zonas de Bajas Emisiones y multar a los conductores que no cumplan las normas desde 2023, algo que a día de hoy cumplen menos de la mitad.

En este caso el único método de coacción del Gobierno ha sido precisamente ligar las subvenciones al transporte a estas multas, con el resultados de que de las 151 ciudades hay 58 que han decidido renunciar a las ayudas por diversos motivos mientras que 93 las han pedido ya en firme.

En teoría y de acuerdo con el pliego de condiciones estas 93 ciudades se comprometen a multar este mismo año. 34 de ellas como Madrid ya las tienen en funcionamiento, con lo que no hay problema para ellas.

Otras 45 ciudades tienen en marcha las ZBE y si les da tiempo a lo largo de este año comenzarán a multar, mientras que hay 13 que han solicitado las ayudas aun sabiendo que no multan ni van a multar y que van a tener problemas con las ayudas al transporte en enero o febrero del año que viene.

Esto supone que el Gobierno no sólo no va a incentivar el transporte público sino que va a ser el responsable de una subida de precios generalizada que va a afectar a miles de ciudadanos usuarios del transporte público.