27 de mayo de 2022

LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADAJorge Sainz

Reformas Laborales Pepe Gotera y Otilio

Para los que pasamos nuestra infancia en los 70, las historietas de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, creadas por Ibáñez, son un referente de diversión e incredulidad por la incompetencia que podían llegar a tener sus protagonistas. Jamás pensamos que podrían existir profesionales que era hora de hacer una reforma podrían conseguir generar tamaño caos y producir efectos tan incompatibles con él objetivo final. Sin embargo, si como señalaba el ministro Subirats en su primera comparecencia, el Sistema Universitario Español debe ser el motor del cambio económico del país, su compañera de gabinete y vicepresidenta responsable del Ministerio de Empleo lo ha conseguido con su reforma laboral. Especialmente si se quiere que la universidad sea unos de los motores del «cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro,» como señala su motivación.
No tengo muy claro si desde Universidades han revisado el texto de la reforma laboral o no. En principio cualquier texto legal debe pasar por todas las subsecretarías de los distintos departamentos del Gobierno para que éstos indiquen si en los textos hay alguna referencia que afecte de forma importante a sus intereses. Pero ya saben, eso era antes. Ahora el funcionamiento de los ministerios es un arcano. Si no lo han hecho mal. Si lo han hecho, peor. Y no lo digo por la modificación del Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, donde se regula el contrato formativo. La semana pasada, en este mismo foro, el Maestro Eugenio Nasarre hizo una inmejorable semblanza de cuáles son los problemas que se asocian al mismo en la Formación Profesional y que, mutatis mutandis, resumen los de la formación universitaria.
Me refiero al inciso 3 de la disposición derogatoria única. En ella hay media docena de líneas que tienen un impacto difícil de evaluar todavía sobre el sistema universitario. Estas derogan de forma expresa, es decir, no por un error, los sistemas de contratación temporales vinculados a los proyectos de investigación de la Ley de la Ciencia y la Ley de Universidades. Insisto en el hecho de que esta derogación es explícita, lo que implica una voluntad de querer acabar con el sistema de contratación por proyectos el sistema universitario.
¿A qué me estoy refiriendo? Para todos aquellos que no conozcan cómo funciona la financiación de la ciencia puede sonar oportuno eliminar la temporalidad. Pero hacerlo destruye la competitividad del sistema. En España y los países de nuestro entorno la financiación de la investigación no es estructural, sino que está vinculada a convocatorias competitivas en los que los grupos de investigación «luchan» por un presupuesto limitado procedente de las grandes agencias europeas (European Research Council) o nacionales (Plan Nacional). Estos fondos se reparten por un número de años (normalmente de tres a cinco), al cabo de los cuales se tiene que volver a solicitar financiación. Si el grupo la obtiene puede seguir con su proyecto y si no, deben competir en años sucesivos o simplemente dejar esa área de investigación. Es una forma de permitir que sólo los mejores tengan fondos que permitan desarrollar su investigación.
Dicho de otra forma, cada proyecto de investigación funciona cuando hay fondos para su desarrollo. Con esa financiación se contratan especialistas vinculados a los objetivos diseñados a la hora de pedir ese dinero. Estas contrataciones, en el caso de la educación superior, las realizan las universidades que, aprovechando la normativa expresamente derogada, podían hacer contratos temporales vinculados a la financiación de sus proyectos: si hay financiación hay contratación y si no hay financiación los investigadores buscan otros proyectos a los que incorporarse.
Las universidades se enfrentan al dilema de contratar de forma temporal a los 25.000 investigadores que, según la CRUE, se encuentran vinculados con este tipo de contrato, con el riesgo de tener que hacerlos indefinidos de forma cuasi inmediata sin ningún tipo de financiación que los sustente o, lo que es más probable simplemente no contratar. Los ministerios responsables tratan de disimular y hablan de modificaciones, pero, a día de hoy, la credibilidad en el sistema universitario del Gobierno, después de la experiencia manifiestamente mejorable que ha habido con Manuel Castells, no es muy alta.
Subirats se enfrenta a un primer problema, creado precisamente por la facción del Gobierno a la que pertenece y por los «sindicatos de clase» que dicen apoyarle. Su capacidad para resolver esta situación marcará el resto de su legislatura. De momento, tal y como sucedía en los tebeos de Pepe Gotera y Otilio, nos encontramos en la viñeta donde los 25.000 perjudicados por el cambio persiguen a los que han perpetrado la reforma que les ha dejado sin futuro.
  • Jorge Sainz González es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos
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