13 de agosto de 2022

La educación en la encrucijadajorge sainz

La Universidad, a la manera de Subirats

El ministro reconoce en la ley los esfuerzos que han realizado los campus y las plantillas de profesores durante la pandemia y obliga a que sus presupuestos se incrementen en unos 3.600 millones de euros

A principios de este año, la Comisión Europea emitía una comunicación sobre el papel que deben tener las universidades en el futuro de Europa. Cabría pensar que el Ministerio de Universidades ha utilizado este texto como referencia para construir su Ley Orgánica del sistema universitario (LOSU). Es cierto, lo ha hecho. Pero robando una expresión de mi admirado Íñigo Méndez de Vigo, lo han hecho a lo Frank Sinatra: a su manera. Así, Subirats ha sido comprensivo ante la necesidad de financiación adicional para las universidades. Reconoce en la ley los esfuerzos que han realizado los campus y las plantillas de profesores durante la pandemia y obliga a que sus presupuestos se incrementen en unos 3.600 millones de euros.
Al escuchar la noticia yo me imaginaba a la ministra Montero como una especie de Papá Noel sentada en un trineo guiado por blancos renos arrojando billetes y billetes a los gerentes de las universidades. Pero mi imaginación va más deprisa que mi capacidad de lectura. Y cuando leí el texto me di cuenta que no va a ser el Ministerio de Hacienda quien se encargue de esa financiación, sino que serán las comunidades autónomas, quieran o no, las que tendrán que recortar de otros servicios a los ciudadanos para rellenar las exangües arcas de rectorados y decanatos.
Mala suerte. Pero sigamos mirando los anuncios de nuestros próceres siguiendo las directrices de la Comisión. Uno de los ámbitos que más han destacado los portavoces gubernamentales ha sido la estabilización de miles de profesores asociados a los que, por ley, se les confiere estatus laboral de indefinidos. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Universidades existen en España 32.776 profesores que compaginan, al menos teóricamente, su vida profesional y su vida como docente. Pues bien, si se aprueba la LOSU todos ellos pasarán a ser trabajadores indefinidos de las universidades.
Todos no. Como la aldea gala de Gosciny y Uderzo, 9.000 de ellos están excluidos de las bondades del imperio. Son los asociados en Ciencias de la Salud. Es decir, profesores que trabajan en hospitales y que compaginan su docencia universitaria con la práctica clínica. Nadie sabe responder a ciencia cierta por qué esta segregación, pero por lo visto llevar bata no es del agrado del personal del Ministerio.
Sigamos con los otros casi 24.000. Como señala la motivación de la ley, esta medida se ha realizado para compensar la situación de desamparo que tienen muchos profesores asociados que fueron contratados a través de esta figura a partir del 2010 para burlar la tasa de reposición introducida por parte del Gobierno Zapatero. Existen miles de ellos que entraron para cubrir necesidades de docencia que de otra forma no se habrían satisfecho. Fuentes oficiosas de la conferencia de rectores (CRUE) estiman su número en el entorno de los 6.000, concentrados fundamentalmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana y en algunas otras (pocas) desperdigadas por el resto del territorio nacional. De ellos, según las mismas fuentes, aproximadamente la mitad tienen, o pueden conseguir, los méritos para hacer una carrera académica, mientras que el resto es de más difícil encaje, ya que ni tienen experiencia en el mundo real, ni posibilidad de competir (seamos realistas, los académicos competimos) por una carrera académica.
Tampoco nadie entiende, por lo tanto, la razón que ha llevado a sindicatos y ministerio a pactar esta solución. Pero todo el mundo intuye su efecto a medio y largo plazo. Los profesores asociados cubren necesidades fundamentalmente no estructurales, y permitían, sin crear un problema laboral, ajustar las plantillas para la promoción de los más jóvenes. Su situación de indefinidos va a incrementar el coste de este ajuste y dificultar la llegada de talento joven. No se ha buscado una solución para la Universidad ni para los asociados afectados, simplemente se ha buscado un titular y tranquilizar, de forma temporal, a los afectados a costa de reducir la autonomía universitaria.
Otra de las reivindicaciones mediáticas del Ministerio, de nuevo siguiendo las recomendaciones de Bruselas, ha sido fijar la obligación de crear unidades de igualdad en todas las universidades públicas. No voy a entrar, ni mucho menos, en sí estoy a favor o en contra de esta medida, pero me parece ridículo venderlo como éxito cuando ya todas las universidades, como reconoce la Memoria de Análisis e Impacto Normativo de la LOSU, disponen de una unidad administrativa encargada de estos temas y que está coordinada por la CRUE.
He escogido solo tres ejemplos de la deriva de la LOSU. Hay más, pero no les quiero estropear el día. La Universidad representa el futuro de la sociedad. Y me temo que, si la ley entra en vigor tal y como está, y me temo que entrará, el próximo gobierno tendrá el trabajo de cambiar no solo la ley Celaá, sino también la ley Subirats si quiere que nuestro país tenga un futuro.
  • Jorge Sainz es catedrático de Economía Aplicada de la URJC
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