No es financiación singular, es expolio

Que el Gobierno de España acuda a Barcelona a reunirse con el de la Generalitat para negociar una imposición económica de un partido independentista ausente de ese encuentro, ERC; y además necesite luego el visto de otra formación, Junts, presidida por un prófugo de la Justicia residente en el extranjero, ya lo dice todo de la naturaleza del encuentro y de sus consecuencias negativas para el resto del país.

Es simplemente obsceno que la debilidad terminal de Sánchez le haga pagar deudas individuales con intereses generales desde la premisa de que, si no lo hace, no sería presidente: pactar la «financiación singular» de Cataluña solo es el abono de una factura más del insoportable peaje que le pusieron, y él aceptó, para llegar a un cargo que le negaron las urnas.

Y suena a broma cruel, y a falta de respeto, que se pretenda presentar un anhelo de dos formaciones secesionistas, con delincuentes al frente dispuestos a todo con tal de lograr sus objetivos, como un beneficio para el conjunto de España. O engañar al ciudadano arguyendo que cualquier región puede aplicar el mismo sistema, sin tener en cuenta la desigualdad de ingresos, o que la concesión de la recaudación no va a acompañada del derecho posterior a decidir dónde se gastan esos ingresos, como si no fuera el preámbulo de semejante injusticia.

El problema de Sánchez es de origen, pues, y esta nueva concesión hay que entenderla así: nunca armó una mayoría parlamentaria sustentada en un acuerdo constructivo; sino un burdo cambalache en el que, a cambio de una investidura inmerecida, él se comprometía a impulsar medidas que un presidente decente combatiría.

Así prosperó la amnistía, así puede hacerlo ahora el llamado «cupo catalán» y así puede hacerlo, en el futuro, algo parecido a un referéndum. Y para hacerlo todo aún más ignominioso, la rendición necesita el plácet en dos tiempos de partidos del mismo corte secesionista, pero enfrentados entre ellos en sus Comunidades: ERC y Junts en Cataluña; el PNV y Bildu en el País Vasco.

Que el Gobierno sea la primera herramienta del boicot del independentismo a España es bochornoso, y que todo ello se perpetre a plena luz del día, desbordando los límites constitucionales y en un clima irrespirable de corrupción política, ética y estética lo hace aún más intolerable.

Sánchez se ganó el puesto aceptando un chantaje, y lo sostiene aceptando un precio cada vez más alto para mantener el escudo que le salva, de momento, de asumir sus responsabilidades políticas y ya veremos si jurídicas por todos los escándalos y estropicios perpetrados por su entorno y por él mismo.

La llamada «financiación singular» es, en la práctica, la ruptura de la «caja única», sustento de la igualdad entre españoles, y la consagración de un régimen propio para Cataluña definitorio de un Estado autónomo. Se trata de cederle a una región el cobro de todos los impuestos abonados por los catalanes en su territorio para, a continuación, ingresar una parte a negociar en Hacienda, mediante un cálculo necesariamente beneficioso para el separatismo.

Se rompe el principio de solidaridad, el de la redistribución de los recursos, el de la igualdad entre españoles y el de la cohesión del país; con un paso que de concretarse sería difícilmente reversible en el futuro sin generar un conflicto institucional y social de primera mano.

La desesperación de Sánchez debiera provocar su inmediata dimisión y la convocatoria inmediata de Elecciones Generales, pero está acelerando el proceso de fractura del país que, en el pasado reciente, se intentó por las bravas y acabó con sus promotores en la cárcel o fugados: ahora no necesitan violentar la ley porque tienen trabajando para ellos, nada menos, al Gobierno más lamentable de la historia reciente de España.

Fuera de Cataluña, los españoles deben saber que ampliar los paraísos fiscales ya existentes en el País Vasco y Navarra, donde en nombre de la historia se consagra una exención económica que prima su financiación a costa del resto de regiones, produciría la insuficiencia financiera de los servicios públicos y oportunidades en el resto de España.

Y deben saber que eso lo acepta un dirigente que se dice socialista, que exige a la Europa próspera lo que niega a la España humilde y que lo hace, saltándose todas las líneas rojas morales y legales, para sobrevivir en un puesto que no merece y solo puede ejercer para atender las instrucciones de quienes solo buscan la ruptura del país.