La España vacía
Las inversiones necesarias para retener población y mucho más para recuperarla son de tal cuantía, que no cabe esperar resultados espectaculares por muy deseables que sean. Vender el mensaje es fácil. Hacerlo realidad mucho más difícil
Prefiero esta expresión a la de España vaciada. Creo que refleja mejor la realidad porque define un proceso espontáneo que se intensifica en los años centrales del siglo pasado y, con altibajos, llega a nuestros días, mientras que el adjetivo vaciada hace suponer una cierta intencionalidad, un proyecto deliberado de alguien que pretende desocupar el campo en beneficio de las zonas urbanas e industriales. Y no hubo nunca una política deliberada con esa finalidad. Si las áreas rurales se han ido vaciando es porque en una buena parte del agro español los recursos económicos disponibles no permitieron unas condiciones de vida dignas a sus pobladores. El éxodo rural se produjo por una causa económica prioritaria a la que se añadieron las ventajas comparativas que desde un punto de vista social supone vivir en ciudades.
Por eso resulta tan difícil resolver el problema de la despoblación del campo español, en donde las cifras del éxodo son tan intensas. Corregir la situación, o al menos paliarla de manera significativa ha sido el objetivo prioritario de la llamada estrategia para enfrentar el reto demográfico, creada a partir de la Conferencia de Presidentes en Enero de 1917. Para facilitar el asentamiento y la fijación de la población rural se establecieron medidas como las de asegurar la conectividad territorial, el desarrollo de nuevas actividades no vinculadas al sector agrario, la mejora de los servicios de educación o sanidad, disposiciones para favorecer el emprendimiento o la tramitación de nuevos negocios, la concesión de beneficios fiscales, etc. La teoría estuvo bien porque el papel lo resiste casi todo, pero las actuaciones fueron escasas y su financiación insuficiente. Las políticas se quedaron reducidas a la categoría de los buenos deseos.
Y en ese panorama de cierta atonía factual se produjo la pandemia con sus secuelas de confinamiento y teletrabajo que algunos vaticinaron como instrumentos favorecedores de esa pretendida revitalización de las zonas rurales. No lo fueron. El número de personas que se instalaron en «el campo» resultó insignificante y no cambió para nada el proceso de fuerte urbanización. Como dice Sergio del Molino en su libro Contra la España vacía hubo «mucho caso particular, pero poco número».
El agro español no da síntomas de recuperación, sobre todo esa España profunda en donde viven ya tan pocos habitantes y tan envejecidos. Quizás lo único que se puede conseguir es que las personas que las habitan no acaben marchando también. Es de justicia suministrarles los medios que les permitan unas condiciones de vida dignas, pero no esperemos milagros. Las inversiones necesarias para retener población y mucho más para recuperarla son de tal cuantía, que no cabe esperar resultados espectaculares por muy deseables que sean. Vender el mensaje es fácil. Hacerlo realidad mucho más difícil.
Y, quizás, mirar demasiado al árbol del despoblamiento no nos está dejando ver el bosque formado por otros decisivos desafíos demográficos. Hace mucho tiempo que resulta necesaria una política de ayuda familiar que limite el retroceso de la bajísima tasa de fecundidad que en 2019 estaba ya en 1,24 hijos por mujer y que la pandemia redujo más en 2020 hasta 1,19. Estamos a una diferencia de un hijo por mujer en edad de procrear para poder renovar las generaciones. Nunca vamos a poder llegar a los 2,1 necesarios, pero es preciso recuperar, al menos, unas décimas para reducir el crecimiento natural negativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) y para aumentar los efectivos de población joven que son cada vez más escasos. A pesar de esa indiscutible exigencia, no hay señales de que el Gobierno (como los anteriores) vaya a desarrollar una política de este tipo. Sí hay acciones en algunas comunidades, sin duda algunas loables como las 80 medidas que va a implementar la Comunidad de Madrid con una dotación de 4.500 millones durante los próximos 5 años. Pero necesitamos una política «nacional» que abarque todo el territorio ya que el reto del grave déficit de nacimientos afecta a todas las regiones.
El segundo bloque de medidas demográficas incluye la redefinición de nuestra política migratoria. Sus vectores deben ser los de siempre: reducir al máximo posible la inmigración irregular, propiciar las corrientes que precisamos, favorecer la integración de los migrantes y mantener controladas las actitudes de rechazo o discriminación.
Finalmente, el tercer gran bloque comprende las acciones para enfrentar el envejecimiento siempre bajo la consideración de que es una conquista social que plantea retos, pero también ofrece oportunidades. Es preciso favorecer el trabajo de los séniors, contemplar la jubilación como un derecho y no como una obligación y controlar esas salidas tan tempranas de la actividad que por razones demográficas no vamos a poder permitirnos. Pero, al mismo tiempo, y para aquellos que alcancen la edad de jubilación razonable y merecida, ofrecerles pensiones justas, la sanidad que precisan y una oferta suficiente de otros servicios.
Necesitamos, pues, una política demográfica integral que sin olvidar algunas medidas paliativas de la despoblación, siempre conscientes de su moderada afectación individual y territorial, tengan en cuenta otras cuestiones que van a condicionar seriamente nuestro futuro como país y como sociedad. Y el tiempo apremia. El deterioro de la situación demográfica va a acentuar sus problemáticas derivadas y a hacer más difíciles (y costosas) las soluciones. Es hora ya de pasar de los diagnósticos –que ya tenemos– y de las buenas intenciones –que nos sobran– a los hechos –que nos faltan–.
- Rafael Puyol es presidente de UNIR
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