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29 de marzo de 2024

tribunaFernando Ramos

Los riesgos de desarmar al Estado frente a quienes quieren destruirlo

¿Qué es la regeneración democrática del Estado, acaso dejar al descubierto todos los mecanismos de los que todos los Estados se sirven a través de sus servicios de inteligencia para estar al tanto de sus amenazas?

Actualizada 09:09

Conocí a Margarita Robles y a Fernando Grande-Maslaska en el mismo tiempo y en circunstancias parecidas. A la primera, en unas Jornadas del Consejo General del Poder Judicial en Santiago de Compostela y al segundo, en otras Jornadas de Comunicación y Derecho de la Universidad de Vigo, en Orense. En ambos acontecimientos yo estaba allí entre los ponentes por mi condición de periodista y profesor de Derecho de la Información. Y si bien la posterior evolución de Marlaska, sobre todo con relación a ETA, me ha decepcionado, siempre tuve a la magistrada Robles por persona más coherente en cuando a la defensa del Estado y de la ley. De ahí que en el enredo de la red Pegasus y la serie de acontecimientos que se generaron con relación a este caso, me pareció consecuente que defendiera el derecho del Estado a defenderse frente a los que quieren destruirlo, investigando a aquellos que proclaman que ese es su propósito y que repetidamente lo recuerda, luego de haberlo ya intentado.
Era hasta ahora la única que se salvaba de la mala impresión que proporcionó al país la repetida cesión del doctor Pedro Sánchez a sus consocios y sostenedores independentistas, de quienes depende su estabilidad en la Moncloa, ya que, sin el menor recato, primero los colocó en la comisión de secretos oficiales, y luego ha tratado de compensarlos con otra serie de rendiciones, a ver si atemperan. Pero ni con esas. Lo han dejado claro Aragonès y el Rufián. Quieren más. Porque una cosa es que el CNI no fuera lo eficiente que se espera a la hora de circuitar la intromisión del sistema Pegasus en los teléfonos del presidente y otros miembros del Gobierno, y otra que los servicios de inteligencia del Estado dejen de cumplir una de las funciones nítidamente encomendadas en su defensa, dentro de la ley.
Aunque, tras haberla apoyado, ahora Margarita Robles nos venda que el cese de Paz Esteban es poco menos que un acto administrativo, rutinario y no explicado; y que le dé la vuelta a las palabras con la peregrina teoría de que «no es una destitución, sino una sustitución», el asunto tiene más profundos perfiles y todo encaja como un sacrificio propiciatorio que trate de calmar a los 13 votos de Esquerra Republicana que, entre otros, apuntalan la legislatura y la paz en el hogar de Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿O es que se trata de otra cosa? Porque, en realidad, del alcance real de este asunto no sabemos realmente nada, pese a que los consocios de Sánchez, una vez instalados en la comisión de secretos oficiales se han encargado con diligencia de contarnos lo que se coció allí, porque para eso fueron allí. En ese sentido, lo explica mejor Rufián, que recoge el pago exigido con diligencia.
Robles ha asegurado que se siente «absolutamente encantada» con que su hasta ahora 'número dos' y secretaria de Estado de Defensa, Casteleiro, sea la nueva jefa del CNI después de que Esteban haya tenido que dejar su puesto tras haber reconocido el espionaje con aval judicial a 18 políticos independentistas (entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès) y la brecha de seguridad que permitió que su móvil y el del presidente Pedro Sánchez fueran intervenidos por Pegasus y se extrajera información de los terminales. Ya veremos en qué para la cosa. Y para saberlo conviene seguir lo que vaya diciendo Rufián. Ahora piden la cabeza de la señora Robles y en el desmantelamiento de uno de los elementos esenciales para la seguridad del Estado se unen al corro otros participantes, desde el inefable Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, abundando en que se deben desclasificar los documentos que afectan a quienes fueron vigilados porque iban contra la seguridad del Estado, y que se cree una comisión parlamentaria al efecto, que parece en ese sentido razonable.
Y a todo esto, ¿qué es la regeneración democrática del Estado, acaso dejar al descubierto todos los mecanismos de los que todos los Estados se sirven a través de sus servicios de inteligencia para estar al tanto de sus amenazas? Como ya dije en su momento, al Govern le ha venido bien todo esto para presentarse como la gran víctima del Estado opresor del que las investigaciones solo son una prueba más. ¿Se va a llegar al extremo de desclasificar las autorizaciones judiciales que cubrieron la investigación sobre los independentistas? ¿Es ese el camino que señalan los socios preferentes de Gobierno, de Podemos, para esa regeneración que exigen? De lo que han dicho las fuerzas de la oposición sobre el caso, desde sus posiciones, la más centrada es, a mi entender, la de Edmundo Bal, quien, en su día, como abogado del Estado cumplió ejemplarmente su deber de defenderlo frente a las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo, señalando el innoble modo en que el presidente trata a quienes cumplen su deber de anteponer la lealtad a España a la obediencia al Gobierno de turno.
  • Fernando Ramos es periodista
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