29 de junio de 2022

tribunaJulio R. Naranjo

Del Falcon, de Las Marismillas y otros lujos

El uso abusivo de recursos públicos por parte de Sánchez exige aprobar un Estatuto del Presidente que regule los excesos con el Falcon o Las Marismillas entre tantos otros

El presidente Sánchez al fin se ha visto obligado a reconocer una realidad tan evidente como largo tiempo silenciada: usa el Falcon porque solo él así lo decide. No importa si se trata de acudir a un acto de partido, o por contra, de un viaje privado con descanso en los palacios de Patrimonio Nacional.
Y no importa, porque después todo queda maquillado con la agenda presidencial. Lo que importa, según Moncloa, no es el uso que de los recursos públicos el presidente hace, sino de quién lo hace: la más alta magistratura del Estado.
Pedro Sánchez ha recurrido, en una democracia parlamentaria como la nuestra, a un presidencialismo exacerbado e hiperdesarrollado, sustentado en mayorías parlamentarias variables sobre las que ha construido una estrategia de derribo nada silencioso de la Constitución del 78.
Sin embargo, se sirve precisamente de ella para justificar lo que, tras la derrota cosechada ante la Audiencia Nacional y el Consejo de Transparencia, se ha mostrado que no existe: los informes que justifiquen el porqué de su uso recurrente del Falcon, que le cuestan a las arcas públicas un buen pellizco, todo hay que decirlo.
Ni secretos de Estado ni seguridad nacional ni intimidad del presidente que valgan. Estos y otros argumentos han sido alegados por la Abogacía del Estado y Moncloa con férrea voluntad numantina; argumentos tantas veces aducidos como otras tantas desestimados, al final, en fase de ejecución.
Con lo fácil que hubiera sido explicar a la ciudadanía cuáles son las razones que le impelen a servirse en su persona de unos lujos que la literatura, estoy seguro, catalogaría de «orientales», dignos del nacido en púrpura, el porfirogéneta del Imperio Bizantino.
Moncloa ha diseñado un traje en exclusiva para Sánchez, una teoría de claras resonancias que, en mi opinión, no tienen encaje constitucional sin previo desarrollo legislativo. Una cosa no es legal por el hecho de que su autor sea presidente del Gobierno. ¿Se imaginan a qué conclusiones se podría llegar en el supuesto de estirar tal argumento?

Urge que la Cortes Generales, en el uso de sus atribuciones constitucionales, aprueben un Estatuto de la Presidencia del Gobierno que regule con detalle el uso de los recursos públicos

El fraude de ley perpetrado con la concesión del indulto otorgado a Junqueras y sus conmilitones, en defensa de un interés general ocultado a sabiendas por Sánchez y hecho público por la fuerza del derecho y el compromiso de El Debate con la libertad de información, es un buen ejemplo de la opacidad de Sánchez en su gestión y su manifiesto desdén para con la rendición de cuentas ante los españoles, deber de obligado cumplimiento por mandato legal.
Resulta, pues, paradójico que el presidente Sánchez que, como Hamlet, se devora a sí mismo poco a poco, sitúe su condición a la misma altura que la de nuestra Constitución, árbitro de las reglas del juego democrático, –por más empeño que algunos muestren en tratar de hacer de ella simple papel mojado–, forzado por una sentencia en contra y ya firme de la Audiencia Nacional y por dos resoluciones históricas del Consejo de Transparencia instadas por El Debate, no obstante se despache reconociendo que su proceder es legal por ser él quien es.
Quizá por tales razones, y este es un asunto que no debe pasar desapercibido, consciente de lo endeble de su argumentación y de una creciente debilidad política que cada vez le resulta más difícil maquillar, invoque ahora el texto constitucional para afirmar que de ahí y de sus decisiones personalísimas nada ni nadie le moverán.
Su voluntad es ley.
Solo una cuestión de confianza o una moción de censura podrían hacerle perder su condición «continua e integra» como presidente del Gobierno.
Urge que la Cortes Generales, en el uso de sus atribuciones constitucionales, aprueben un Estatuto de la Presidencia del Gobierno que regule con detalle el uso de los recursos públicos puestos a su disposición como jefe del Ejecutivo.
  • Julio R. Naranjo es socio director general de ITCD, firma especializada en derecho de la información, transparencia y asuntos públicos que da soporte al departamento de Investigación de El Debate
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