El Gobierno no se decide a acabar con el tabaquismo
Se trata de una gestión desafortunada por parte del Gobierno, donde no solo destruye miles de empleos, sino que tampoco generará nuevos. Lo único que consigue es trasladar la facturación de un sector independiente a los estancos
Bien podría decirse que el Gobierno español no está muy de acuerdo con el uso del cigarrillo electrónico. Desde hace ya varios años, cuando el uso de este dispositivo se volvía cada vez más popular entre las personas que intentaban dejar de fumar, el Gobierno tomaba una postura restrictiva, desmedida y sin ningún fundamento hacia una herramienta que ha ayudado a dejar de fumar al 97 por ciento de las personas, según se recoge en el último estudio de SigmaDos.
Pese a que los estudios científicos sobre los beneficios del cigarrillo electrónico son numerosos y que nuestros países vecinos como Francia, Alemania, Italia o Inglaterra han conseguido reducir las tasas de tabaquismo –según datos del Ministerio de Sanidad francés, más de 700 mil personas han dejado el tabaco convencional gracias al vapeo– parece que el Gobierno español prefiere seguir a la caza de estos dispositivos y hacer caso omiso a lo que está pasando en otros países.
De hecho, el último movimiento del Gobierno creo que es, sin duda, el más desproporcionado de todos y el cual va a llevar a la ruina a un sector que se ha consolidado y profesionalizado a lo largo de estos años con una facturación anual de más de 80 millones de euros.
Los empresarios del sector del vapeo nos levantamos el pasado mayo con la sorprendente noticia de que el Consejo de Ministros había aprobado un anteproyecto de ley para trasladar el libre mercado de cigarrillos electrónicos al monopolio del Estado, restringiendo la venta online de vapeadores y dictando el cierre de tiendas especializadas.
Esto implica el cierre de más de 400 tiendas especializadas en productos del vapeo y la pérdida inmediata de más de 1.200 empleos, que en el medio plazo serán 3.000 familias las que perderán sus empleos. Este es solo el principio del fin para el sector del vapeo. Se trata de la vuelta a un modelo del pasado y que contraviene las leyes actuales como la Ley 15/2007 de defensa de la Competencia, así como la misma Constitución Española, que en su artículo 38 reconoce «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado».
No podemos entender este castigo a las Pymes justo cuando se estaban consolidando y más en un marco legislativo y regulatorio tan restrictivo como es el español y que nada tiene que ver con el de otros países de la Unión Europea, que nunca han aplicado normas de este calado tan perjudicial.
Se trata de una gestión desafortunada por parte del Gobierno, donde no solo destruye miles de empleos, sino que tampoco generará nuevos. Lo único que consigue es trasladar la facturación de un sector independiente a los estancos. Es decir, tirar por la borda el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación de cientos de empresarios para el beneficio económico del monopolio de los estancos.
Además, ha ignorado el posicionamiento de la CNMC, al dejar muy claro que le parece desproporcionada e innecesaria la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos en tiendas especializadas y por el sistema online.
Por otro lado, también supone un castigo importante a las más de 500.000 personas exfumadoras, que ahora tendrán que volver a comprar el producto que les ayudó a dejar de fumar en los estancos. Como exfumador gracias al vapeo, puedo asegurar que esto será como obligar a un alcohólico a comprar un refresco en una licorería.
¿Dónde está aquí la protección de los ciudadanos de la que tanto habla el Gobierno y en la que siempre se escuda?
- Arturo Ribes es presidente de UPEV (Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo)
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