El derecho a la movilidad rural en peligro
La movilidad sólo podrá ser un derecho consagrado si se garantiza su ejercicio efectivo, lo cual parece que se dificulta cada día más, especialmente en las zonas de baja densidad de población
Con Pedro Sánchez en el Gobierno, la movilidad ha dejado de ser un derecho para convertirse en un artículo de lujo. Cada día se observan más dificultades en el acceso a la movilidad, debido a su progresiva reducción y a su encarecimiento insostenible. A la pertinaz incapacidad del Ejecutivo para reducir los precios de la gasolina y del diésel, se le suma su pretensión de imponer peajes en todas las autovías, la eliminación de servicios ferroviarios como los trenes nocturnos, la reducción de las frecuencias ferroviarias, el encarecimiento de los billetes de tren o su negativa a reducir las tasas aeroportuarias como le había pedido la propia CNMC.
Sin duda, son las personas que viven en los entornos rurales quienes padecen con mayor intensidad el aislamiento que origina este recorte en el derecho a la movilidad. Un castigo a la España rural, insostenible e inaceptable, que se verá agravado ante medidas claramente perjudiciales como la prevista para el transporte regular en autobús. Así, de forma unilateral, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elaborado el «Nuevo Mapa Concesional del Transporte Regular de Viajeros por Carretera», un documento que propone centrar el servicio de autobús en los nodos de grandes flujos de viajeros y eliminar servicios básicos en las zonas rurales.
Es paradójico que un Gobierno que presume de ser social, fundamente la decisión de recortar las 966 rutas de autobús actuales, para mantener sólo 510, en motivos exclusivamente de rentabilidad económica, dejando a las personas con menos recursos sin ese transporte público. Un Gobierno que tiene un Ministerio con el apellido «Reto Demográfico» deja a unos 1.500 municipios rurales sin conexiones, sin rutas y sin paradas de autobús. Un Gobierno que habla continuamente de la estrategia contra la despoblación, decide dejar a más de 3 millones de personas de entornos rurales sin el servicio de autobús que venían teniendo.
La movilidad sólo podrá ser un derecho consagrado si se garantiza su ejercicio efectivo, lo cual parece que se dificulta cada día más, especialmente en las zonas de baja densidad de población. Es urgente la necesidad de que los poderes públicos cuenten ya con una estrategia global sobre el reto demográfico en España, a efectos de iniciar su implantación de forma coordinada, y que en esta tenga un papel protagonista la movilidad. Las soluciones en materia de movilidad ante el reto demográfico han de llegar para afrontar una doble circunstancia: las dificultades de movilidad en las aglomeraciones urbanas y las que se producen en los entornos más despoblados. Pero todo ello requiere grandes dosis de voluntad y de implicación, algo que escasea considerablemente en la andadura de este Gobierno.
Lo primero que debería hacer Sánchez y su Gobierno para dejar de hacer daño a la movilidad rural es ejecutar la propuesta de resolución que, a instancias del Partido Popular, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en el reciente debate sobre el estado de la nación. Dicha iniciativa, respaldada por la mayoría de la Cámara, insta al Gobierno a recuperar todos los servicios ferroviarios que se prestaban con anterioridad a la pandemia de COVID-19 y que siguen suspendidos. De igual modo, en ella se mandata al Gobierno a retirar el mapa concesional de transporte regular de viajeros por autobús presentado y a convocar una Conferencia Sectorial con el fin de debatir sobre uno nuevo que no perjudique a la España despoblada.
- Andrés Lorite es portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados
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