Valores y política

Que las instituciones que ejercen el poder político sean las menos valoradas por los españoles se ha convertido ya en algo habitual, señal inequívoca de que quienes nos gobiernan no encarnan los valores de la sociedad a la que sirven. Esta afirmación se ve reforzada por el hecho de que las instituciones públicas más valoradas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, son aquellas que asientan su labor en sólidos principios éticos y morales de los que emana su fiel compromiso de entrega por el bienestar de los españoles.

Y es que, para quien ve la política desde la barrera infranqueable de la urna en la que deposita su voto cada cuatro años, resulta difícil entender que quien asume la alta responsabilidad de su representación no esté guiado por una rectitud ética que le lleve a actuar con una integridad inalienable y sin sectarismos ideológicos o personales.

Quien participa en la acción política debe poseer una firme vocación de servicio que le impulse a una entrega abnegada en busca del objetivo final, que no puede ser otro que el bien común, sin el cual se hace inviable el desarrollo de una sociedad en paz y libertad. Con estas premisas, la política se convierte en uno de los máximos exponentes de servicio público, no solo por su trascendencia en la vida de los ciudadanos, sino también por el efecto ejemplarizante que transmite.

Sin embargo, la realidad nos muestra que la política se ha desprendido de la ética, lo que supone la ruptura entre los hechos, que definen el ser, y los valores, que delimitan el deber ser. Este vacío moral puede acabar poniendo en peligro derechos fundamentales, llegando incluso a desvirtuar las bases del sistema democrático, pues el poder deja de ser el medio para mejorar la sociedad y se convierte en un fin en sí mismo que justifica cualquier artimaña que acomode las mayorías necesarias para alcanzarlo y mantenerlo. Y en esas luchas inmorales de poder, las ideologías, especialmente las más extremistas, son las que triunfan, invadiendo la justicia con fanáticos criterios que relativizan el bien y el mal, alejándola de los preceptos de la ley natural. El desarrollo integral de la persona, en su vertiente espiritual, se restringe al ámbito privado, cuando no se anula, en aras de un laicismo inquisitorial. La verdad se reemplaza por los volubles criterios que establece la mayoría política y que difunden con ahínco los medios de comunicación afines. El bien común deja de ser el objetivo a alcanzar y es suplantado por un utilitarista interés general que ignora a los más débiles y desfavorecidos, al tiempo que permite justificar retorcidas actuaciones impuestas por los pactos que apuntalan el poder. Y la dignidad humana se ve amenazada por la ruptura que determinadas ideologías imponen entre naturaleza y razón, lo que imposibilita el crecimiento personal y común de todos y el desarrollo de una sociedad justa.

Decía San Juan Pablo II que «una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como lo demuestra la historia» (Centesimus annus). Exigir, pues, a todo aquel que participa en la acción política lo que Cicerón llamaba una «recta razón» es una garantía de libertad y un deber inexcusable que todos tenemos como ciudadanos. Si el hastío que provoca el seguimiento de la actualidad política nos conduce a la inacción, estaremos dejando el camino expedito a tentaciones totalitarias impulsadas por mayorías irreales. Afrontemos 2023, año electoral, no como un simple intermedio político entre un año mundialista y un año olímpico, sino como la oportunidad de participar activamente en el juego democrático, conscientes de su trascendencia en nuestro desarrollo material y espiritual y de la necesidad de no disociar valores y política.