Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en una de sus últimas comparecencias ante la prensa
La Iglesia presenta en 2020 un déficit de 7,6 millones de euros
Según la Memoria de Actividades de la Iglesia en 2020, las diócesis españolas gastan 1.031 millones de euros y la mitad incurren en déficit
Desde 2007 la Conferencia Episcopal Española (CEE) viene publicando, año tras año, una Memoria de Actividades en la que se incluyen todo tipo de datos, aunque no siempre detallados en sus aspectos económicos. En el informe más reciente (año 2020), la CEE aseguraba que la Iglesia católica en España («Cuentas consolidadas de diócesis») dispuso de casi 1.024 millones de euros en concepto de «recursos», mientras que los gastos fueron de 1.031 millones, por lo que se generó un déficit de 7,6 millones. Siendo una cantidad exigua –apenas un 0,75 % de déficit sobre ingresos–, llama la atención que la mitad de las diócesis incurra en déficit.
Otro de los datos en que merece la pena detenerse es el origen de los recursos: un 30 % procede de las aportaciones de los fieles. Es decir, cepillo y donativos parroquiales, suscripciones, colectas para instituciones como Cáritas, Manos Unidas, Domund, etc. Aunque cada vez más fieles optan por aportaciones bancarias –que dan derecho a exención fiscal en la Declaración de la Renta–, aún es muy considerable el porcentaje de ingresos que son del todo anónimos y que difícilmente pueden someterse a un control exhaustivo. Sin embargo, la partida principal de fondos económicos (31,7 %) se corresponde con el apartado «Otros ingresos corrientes», que engloba desde ingresos por servicios hasta subvenciones públicas corrientes, o ingresos de instituciones diocesanas. Partidas poco especificadas en una Memoria de casi cien páginas.
Los ingresos que se corresponden con la casilla de la declaración de la renta –«asignación tributaria»– vienen explicados en la Memoria 2020 de una forma dispar. Por un lado (página 76), se habla de 298 millones de euros, cantidad que «incluye el pago a cuenta de 2020 y la liquidación de la declaración de la renta presentada en 2019 (IRPF 2018)». Por otro lado (página 84), se informa de que 237,5 de estos millones se destinan a las diócesis –«cuentas consolidadas diócesis españolas 2020»–, algo que también se desglosa en las páginas 76–79. Por tanto, existe una diferencia entre el global de las diócesis, y otras partidas que dependen de la CEE, y cuya contabilidad requiere de una lectura muy atenta.
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«Hay un problema de claridad a la hora de contabilizar los recursos de la Iglesia»
La Iglesia, en datos
Del dinero total que la Memoria 2020 reconoce como ingresos por asignación tributaria, 211 millones se remiten a «las diócesis para su sostenimiento»; descuellan en este epígrafe los 16 millones que recibe la Archidiócesis de Madrid, los 10,5 de Valencia y los 6 de Toledo, tercera sede episcopal en este ranking. Aparte, 23,8 millones se dedican al pago de la Seguridad Social del clero y 2,3 a retribuciones de los obispos. También se benefician del dinero recaudado con la casilla de la renta Trece TV (5,8 millones de euros), la campaña de comunicación y Plan de transparencia (5 millones), o el funcionamiento de la propia CEE (2,7 millones).
Otra fuente nada desdeñable de recursos para las diócesis españolas son los ingresos derivados del patrimonio y otras actividades –alquiler de inmuebles, actividades financieras y económicas, editoriales, librerías, museos, etc.–, que aportan el 9 %.
Contra lo que podría parecer, el segmento que más percibe en salarios son los laicos (219 millones, frente a los 196 del clero). Aunque la partida que más dinero absorbe es la «conservación de edificios y gastos de funcionamiento» (269,5 millones). Por su parte, las acciones pastorales y asistenciales cuestan a las diócesis 216,8 millones, según los datos que aporta la CEE.
La Memoria de Actividades 2020, junto con el folleto «La Iglesia católica en España, mayo 2022», es una buena fuente para conocer los números, aunque no ofrece de manera pormenorizada una descripción de las actividades económicas y financieras que constituyen, grosso modo, uno de cada tres euros de que disponen las diócesis. De este modo, podemos saber, por ejemplo, que en la actualidad hay 22.988 parroquias en España, de las cuales 11.414 son rurales. O que hay 69 diócesis territoriales y un arzobispado castrense, 16.568 sacerdotes, 1.066 seminaristas, 35.507 religiosos y religiosas, 90.888 catequistas, 40.118 profesores de Religión, 3.255.031 alumnos que reciben clases de religión en el colegio o el instituto, 8.436 monjas y monjes de clausura, 10.629 misioneros. Sabemos que hay 2.558 centros católicos de enseñanza (de los cuales, 2.419 son concertados); en estos centros estudian 1.525.215 alumnos, y trabajan 133.770 personas, de las cuales 108.920 son profesores. Aún más: según la Memoria, la Iglesia, gracias a sus centros educativos, ahorra al Estado 3.895 millones de euros.
Sin embargo, la Memoria no especifica las cuentas de los colegios católicos. ¿Debiera hacerlo, habida cuenta de que la mayoría de estos colegios son propiedad de entidades religiosas? No obstante, los salarios de los profesores de los colegios concertados los abona la Administración pública. Es algo que resulta complejo de incluir y tabular en un informe que aspira a crecer en transparencia institucional. Habrá quienes entiendan que este tipo de documentos debe ofrecer más números y tablas. A la hora de acudir al detalle, hay cuestiones que no parecen resueltas. Conviene tener en cuenta que la consultora Price Waterhouse Coopers ha verificado el proceso de elaboración de la Memoria mediante un «informe de aseguramiento razonable independiente». Lo cual, como explica la propia Price Waterhouse Coopers, no constituye «una auditoría de cuentas, ni se encuentra sometido a la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España».
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De la más a la menos transparente
La clave quizá la aporte el informe de la Fundación Haz de hace medio año. Según su estudio, sólo tres diócesis españolas son «transparentes»: la de Bilbao, la archidiócesis de Burgos, y la diócesis de Coria–Cáceres. Para ser catalogada como transparente, se requiere alcanzar entre 26 y 38 puntos. La gran mayoría de diócesis se encuentra en el grupo de «translúcidas», cuya puntuación se sitúa entre 14 y 25 puntos. Una treinta de episcopados españoles no alcanza los veinte puntos, como las sedes de Málaga, Tarragona, Ibiza, Solsona, Getafe, Cartagena, Sevilla, Madrid, Pamplona–Tudela, Santiago de Compostela, o Valencia. Existen, en tercer lugar, once diócesis «opacas» –las que alcanzan menos de 14 puntos–, como las de Alcalá de Henares, Barcelona, Granada, Valladolid, o Lugo, que sólo obtiene 5 puntos.
Así visto, podría entenderse que la Iglesia en España es un conjunto de entidades sombrías. Pero hay que observar el panorama de una manera dinámica: muchas instituciones eclesiales no han estado suficientemente profesionalizadas hasta hace poco, y a muchas les cuesta adecuarse a nuevos marcos normativos. Por eso, se puede observar la cuestión desde otra perspectiva. El informe de la Fundación Haz –elaborado por Javier Martín Cavanna, profesor asociado del IE en el área de Responsabilidad Social Corporativa; y Paloma Scharfhausen Cochón, MBA del IESE con más de 20 años de experiencia– celebra los pasos en transparencia con respecto al anterior informe: en muchas áreas se ha dado una mejora notable. Por ejemplo, se pasado de cumplimientos del 3 ó 6 % en el año 2019 a cotas del 25 ó 50 % este año. La gran mejora ha sido la publicación del presupuesto por parte del 73 % de las diócesis, un cambio revolucionario en apenas doce meses.
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