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28 de marzo de 2024

Misa en Filipinas

Misa en Filipinas

Misa en Filipinas por los fallecidos en la guerra contra las drogas

El pasado 26 de enero, la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó la reanudación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Las autoridades de Filipinas indicaron este viernes que recurrirán la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reabrir la investigación de la cruenta guerra contra las drogas emprendida durante el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022).
«Aunque no hemos recibido una copia oficial de la orden, es nuestra intención agotar todos los recursos legales, en particular elevar el asunto a la cámara de apelaciones del CPI», indicó el procurador general filipino, Menardo Guevarra, según declaraciones recogidas por la cadena GMA.
Sin embargo, Guevarra subrayó que los tribunales filipinos tienen prioridad sobre el CPI, organismo del que Filipinas se salió en 2019 bajo el mandato de Duterte.
En un comunicado divulgado la víspera, la CPI anunció que aceptaba la petición de la Fiscalía para reabrir la investigación, que fue iniciada en 2019 pero suspendida en 2021 a petición de Manila, que se comprometió a estudiar las denuncias de abusos en la cruzada contra las drogas.
El pasado septiembre, el Gobierno del nuevo presidente, Ferdinand Marcos Jr., solicitó a la CPI que rechazara la petición del fiscal, Karim Khan, de reiniciarla, afirmando haber enviado a la corte un «informe sobre el progreso» de las pesquisas.
Sin embargo, la corte internacional arguye que «no está satisfecha» con las pesquisas llevadas a cabo en Filipinas.
«Tras haber examinado el material enviado por el Gobierno de Filipinas, así como haber analizado las observaciones de las víctimas, esta corte concluye que las iniciativas domésticas no resultan en pasos concretos o tangibles», dice el tribunal.

Revés para Marcos Jr.

Marcos Jr., quien asumió el poder el pasado junio y gobierna en tándem con la hija del exmandatario y actual vicepresidenta, Sara Duterte, tendrá que decidir si colabora o no con la investigación de la CPI, habiéndose mostrado inicialmente reticente a hacerlo.
En agosto, el dirigente, hijo del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos, anunció que «no tiene intención» de reincorporar a Filipinas a la CPI y ha defendido que la Justicia filipina tiene capacidad de investigar por sí sola.
En diciembre, la Oficina de Inteligencia filipina anunció que investigará los certificados de defunción de las víctimas de las operaciones antidroga, por las que miles de personas fueron abatidas durante redadas policiales, muertes que quedaron a menudo registradas como fallecimientos naturales, según análisis forenses.

Posibles crímenes

Desde la llegada al poder de Duterte en junio de 2016, las operaciones antidrogas amparadas por su Gobierno se cobraron la vida de unas 30.000 personas, según varias organizaciones, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, la Policía filipina solo reconoce 6.200 muertes.
Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rigths Watch, consideró este viernes la reanudación de la investigación de la CPI, que en teoría implica que el fiscal busque pruebas inculpatorias contra los presuntos responsables de los crímenes, como la «única vía creíble para hacer justicia a las víctimas y sus familias».
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