Una caja llena de verduras y frutas que se han tirado de un supermercado
Ley de Desperdicio Alimentario
La lucha contra el despilfarro de comida: «Empezar castigando no es la mejor manera»
Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España: «Se ha puesto excesivamente el foco en el sector de la restauración»
«Consideramos que hay un amplio consenso social en materia del desperdicio alimentario, si bien es cierto que se ha puesto excesivamente el foco en el sector de la restauración». El secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha valorado la noticia de la aprobación del anteproyecto de ley para combatir el despilfarro de comida y bebida en buen estado.
«En lo que se refiere a nuestro sector, el desperdicio alimentario representa el 11 o el 12 % de lo que podemos considerar desperdicio alimentario», asegura.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comentado en rueda de prensa que la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario nace como una norma «de convencimiento y no de coerción». Sin embargo, las sanciones a los locales y negocios que la incumplan, como bares, restaurantes y supermercados, pueden alcanzar cantidades astronómicas. «La sanción en toda regla es la última instancia: flaco favor le hacemos a un objetivo con el que estamos todos comprometidos si empezamos hablando del palo y no de la zanahoria», argumenta Gallego, que sentencia: «Empezar castigando no es la mejor manera».
Aspectos a mejorar
El texto, consideran desde la agrupación de los hosteleros españoles, es mejorable. Y a su perfeccionamiento pretenden contribuir. «Trabajaremos a lo largo de este proceso para mejorar esta normativa: la ley necesita profundizar en los aspectos de la economía circular. Consideramos que la mejor eliminación del desperdicio alimentario es la prevención y la gestión adecuada y eficiente de alimentos y bebidas, lo que minimiza la opción de que se produzcan situaciones de despilfarro», asevera.
La donación funciona en ciudades grandes y medianas, pero en otros puntos será una solución inviable
«Esta normativa debe abordar de manera más decidida los aspectos relacionados con la investigación y la innovación para el incentivo de la economía circular», incide, a la vez que recuerda la importancia de la seguridad alimentaria para los clientes de la restauración, aspecto capital que absorbe a todos los demás.
Emilio Gallego cree que el anteproyecto flojea cuando provoca que recaiga sobre la donación la solución a un problema tan complejo: «Hay que tener en cuenta la singularidad de nuestro país: la donación puede estar muy bien para ciudades de medio y gran tamaño, pero hay otros puntos donde algunas de las soluciones propuestas en el texto serán inviables».
Tras la Agenda 2030
Los hogares españoles tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sin embargo, el Gobierno pretende combatir esta situación, tan poco deseada por la gran mayoría, amenazando con fuertes sanciones a negocios como bares, restaurantes y supermercados.
El ministro Luis Planas ha calificado el desperdicio alimentario como «el espejo donde se refleja la ética de una sociedad» y como un lujo que no nos podemos permitir «porque hay gente que aún pasa hambre y porque no tenemos planeta B».
Como decíamos, la ley contempla un fuerte régimen sancionador. Las multas de carácter leve, en el caso de no donación a entidades sin ánimo de lucro, pueden alcanzar los 2.000 euros. Si esta actitud se repite, ya se considerarán graves. Estas multas pueden alcanzar los 60.000 euros. Por último, si las sanciones anteriores son reincidentes, pueden considerarse muy graves y alcanzar una multa de hasta 500.000 euros.
España es el tercer país comunitario, después de Francia con su Ley Garot e Italia con su Ley Despilfarro Cero, que incorpora una normativa específica sobre desperdicio alimentario a su ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el Gobierno pretende combatir esta situación, tan poco deseada por la gran mayoría, amenazando con fuertes sanciones a negocios como bares, restaurantes y supermercados.
El ministro Luis Planas ha calificado el desperdicio alimentario como «el espejo donde se refleja la ética de una sociedad» y como un lujo que no nos podemos permitir «porque hay gente que aún pasa hambre y porque no tenemos planeta B».
Como decíamos, la ley contempla un fuerte régimen sancionador. Las multas de carácter leve, en el caso de no donación a entidades sin ánimo de lucro, pueden alcanzar los 2.000 euros. Si esta actitud se repite, ya se considerarán graves. Estas multas pueden alcanzar los 60.000 euros. Por último, si las sanciones anteriores son reincidentes, pueden considerarse muy graves y alcanzar una multa de hasta 500.000 euros.
España es el tercer país comunitario, después de Francia con su Ley Garot e Italia con su Ley Despilfarro Cero, que incorpora una normativa específica sobre desperdicio alimentario a su ordenamiento jurídico.
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