Emiliano García-Page
Así es la ley LGTBI que ha entrado en vigor en Castilla-La Mancha con los votos de PSOE, PP y Cs
La Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI rige en esta comunidad desde el pasado 1 de junio
Los obispos manchegos, preocupados por los «preceptos» ideológicos de la nueva ley LGTBI
Desde el pasado 1 de junio, la Ley LGTBI entró en vigor en Castilla-La Mancha, cuyo texto fue aprobado el pasado 5 de mayo en las Cortes autonómicas por unanimidad de los tres grupos políticos con representación: PSOE, PP y Ciudadanos.
La Consejería de Igualdad de la comunidad castellano-manchega destacaba en el texto que con esta nueva ley «se pretende garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, previniendo y eliminando cualquier discriminación derivada de la orientación e identidad sexual o expresión de género.»
Se trata de una norma buscada desde el principio por el gobierno del socialista Emiliano García-Page, que se considera católico. A pesar de la mayoría del PSOE en la Cámara, hubo acuerdo con los grupos de la oposición para elaborar un texto de consenso.
Ideología a base de sanciones
Así, la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI impone su ideología y además, dispone de sanciones administrativas para quienes la violen o simplemente se opongan a ella, bajo la cobertura de una protección de derechos que ya está garantizada en la legislación nacional y en la propia Constitución.
Entre otros puntos llamativos, la norma se basa en la premisa de que el sexo se puede elegir «ya que el sexo biológico no determina a la persona», ya que «toda decisión respecto al sexo es válida».
Además de regular unos derechos ya garantizados, como decíamos, en la Carta Magna, para un colectivo que se autodenomina LGTBI sin representar a todas las personas que son homosexuales, se vulneran principios constitucionales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad «ya que ahora cualquiera puede elegir una opción sexual».
Las multas son otro punto de polémica. El texto promueve «sanciones de hasta de 60.000 euros» por infracciones genéricas y nada claras, como la 'discriminación por error' e invierte la carga de prueba en la que se solicitará al denunciado demostrar su inocencia.
Preceptos «ideológicos»
Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo –que integra la archidiócesis de Toledo y las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara– fueron unos de los primeros en mostrar «su preocupación» tras la aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.
En un comunicado conjunto, los cinco prelados, han criticado la propuesta ideológica que hay detrás de este nuevo texto jurídico al orientar y tratar de implantar «en la sociedad una forma concreta de entender la naturaleza del ser humano». «Pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencias sobre la esencia de la familia», reza la reacción de los obispos castellano-manchegos.
«Dios nos ha creado hombres y mujeres, y la diferencia entre ambos es una verdad. La visión antropológica cristiana parte de la sexualidad como un elemento constitutivo de la personalidad derivado del diseño de Dios. La libre determinación de la personalidad no puede ser contraria a la verdad ni ser manipulada hasta el extremo de olvidar o ignorar lo que el ser humano es», afirman.
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