Un farmacéutico atiende a dos mujeres
Ley del aborto
Los farmacéuticos afirman que obligarles a dispensar la píldora del día después es «inconstitucional»
Critican que la nueva ley del aborto no contemple su derecho a la objeción de conciencia y valoran el texto como «un claro retroceso»
Los farmacéuticos lo tienen claro: el anteproyecto de ley del aborto, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros sin el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, viola el derecho a la objeción de conciencia del sector, reconocido por el Tribunal Constitucional en sentencia del 25 de junio de 2015, al dejar al colectivo fuera de los grupos profesionales que, a diferencia de ellos, sí pueden negarse a facilitar o materializar una interrupción del embarazo.
La nueva ley, ratificada por el Gobierno y cuyo contenido será debatido en próximas fechas en el Parlamento, estipula la dispensación obligatoria y gratuita de la píldora del día después por parte tanto de centros de salud como de las propias farmacias. Una modificación que, además de alterar la disposición actual, excluye a estos profesionales de los dos gremios médicos (ginecólogos y obstetras) a los que sí reconoce su derecho a la objeción de conciencia.
Así lo manifiestan tanto el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGOF) como la Asociación Española de Farmacia Social (Aefas), quienes piden «mayor seguridad jurídica» para los trabajadores del sector y –en el caso de Aefas– exponen la ley como «un claro retroceso» en lo que tanto a libertad de los farmacéuticos como protección de la salud de las usuarias se refiere.
En este sentido, y en opinión de José López Guzmán, presidente de Aefas, son varios los cambios que supone respecto a leyes anteriores; y todos ellos, valora, «adoptan una dirección contraria a la protección de la salud». «La Ley pretende venderse como un avance para la libertad de las mujeres, cuando en realidad es lo contrario. Por ejemplo, en su artículo 14 ha eliminado los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, de que, previamente a que se realice un aborto, se informe a la mujer embarazada 'sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y de que haya transcurrido un plazo de reflexión de tres días'», disecciona López. «Esto, en nuestra opinión, implica un claro retroceso para la autonomía real e informada de la mujer y, en definitiva, para su libertad», añade.
La Ley pretende venderse como un avance para la libertad de las mujeres, cuando en realidad es lo contrarioPresidente de la Asociación Española de Farmacia Social
Son varios los aspectos con los que disiente y critica duramente el presidente de Aefas, empezando por «la frivolidad con la que se promociona y fomenta el uso de la píldora del día después» y terminando por «el desdén tan radical hacia el embrión humano», al que, dice, «ni siquiera se menciona en todo el texto».
Según el farmacéutico, la nueva ley «fomenta una política de absoluta irresponsabilidad en materia de salud al impulsar y animar a la distribución de la píldora de manera gratuita en farmacias, institutos y centros de salud». «Esto es algo que está en contra de lo indicado en la propia ficha técnica de la citada píldora, en la que se señala que es un producto de uso ocasional, y que no debe sustituir a un anticonceptivo de uso regular», explica. «Asimismo, vulnera lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, que considera al nasciturus, por lo menos, un ‘bien jurídico protegido’».
Repercusiones
El rechazo a suministrar la pastilla podría prever cuantiosas multas, lo que si ya de por sí supone un importante castigo económico, no es la única repercusión que encararían los farmacéuticos que se nieguen a dispensar el producto.
«Hay otras, y quizás son más importantes: la falta de respeto a los propios farmacéuticos, que son los profesionales del medicamento, al obligarles bajo amenazas a llevar a cabo actos contrarios a sus criterios profesionales o de conciencia. En efecto, un farmacéutico debe tener libertad para negarse a realizar actos que considere de mala praxis profesional. Esta agresión carece de justificación real ya que, debido a la red de farmacia que existe en España, a los pocos objetores, y a que el nuevo Proyecto de Ley establece que la píldora se va a distribuir gratuitamente en Institutos y Centros de salud, no habría problemas de acceso al producto», dice López, quien tampoco entiende que el texto emane del Ministerio de Igualdad y no del de Sanidad al tratarse de un asunto sanitario.
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