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Sociedad
El conflicto de intereses, el mayor contaminante del Mar Menor
Las administraciones y las partes implicadas se culpan mutuamente mientras la laguna sigue estando en peligro
En 2016, las aguas del Mar Menor colapsaron. Su color azul cristalino fue poco a poco transformándose en un líquido turbio conocido como 'sopa verde'. En 2019, los sedimentos empujados por una gota fría que azotó la región y las altas temperaturas dejaron a la laguna sin oxígeno (anoxia) provocando la muerte de miles de peces. Colectivos ciudadanos presentaron una iniciativa para dotar a este espacio de personalidad jurídica, algo que el Senado aprobó el pasado septiembre. Pero en las aguas del Mar Menor confluye en realidad una guerra de intereses que no parece que vaya a solucionarse.
El asunto gira alrededor de los vertidos fecales –dependientes de las administraciones locales– y de la contaminación procedente de los cultivos agrícolas de la zona. Mientras que los grupos ecologistas acusan a los agricultores de ser los responsables de los altos índices de nitratos existentes en la laguna, estos aseguran que el fósforo presente en las aguas procedentes del alcantarillado y las depuradoras ha provocado el crecimiento descontrolado de fitoplancton.
Un informe de los parlamentarios de la Comisión Europea que inspeccionaron el Mar Menor el pasado mes de febrero exigía acabar con los pozos de riesgo ilegales y cumplir con la ley de nitratos en el Mar Menor. Por su parte, el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia apuntó directamente a los agricultores como los responsables del vertido de más de 400 kilos diarios de nitratos procedentes de las 40.000 hectáreas de regadío del Campo de Cartagena.
El sector agrícola, aunque reconoce cierta responsabilidad, sostiene que no son los únicos responsables de la contaminación de la laguna. De hecho, desmienten la explicación de que los nitratos –procedentes exclusivamente de su actividad– son los responsables del crecimiento de fitoplancton y señalan al fósforo como principal causante. Este elemento llegaría a las aguas a través de vertidos directos desde el alcantarillado y el agua de las depuradoras, deficientes y obsoletas.
Con el cambio en la legislación europea sobre el contenido de fósforo en jabones de lavadora y lavavajillas –se publicó en 2012, pero se dejó un periodo de adaptación hasta 2016– obligaba a cambiar los fosfatos por fosfonatos, un nuevo compuesto muy soluble que se quedaría en la columna de agua sin precipitar. Esto favorecería el crecimiento de unas algas macroscópicas conocidas como ‘ovas’ sobre la superficie del agua provocando la ‘sopa verde’. Esta teoría, además, coincide en el tiempo con la transformación del agua.
De hecho, estos mismos agricultores han presentado hace unas semanas una demanda colectiva contra algunos aspectos de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada en régimen de urgencia en 2020, por «vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución». Han sido asesorados por la Fundación Ingenio, una asociación que reúne a miles de agricultores y empresas, y que han sido los encargados a su vez de elaborar y difundir la teoría de los fosfatos. Hablamos de un sector clave para la economía de la Región y el mayor exportador de frutas y hortalizas de España por detrás de Almería.
Esta ley establece una serie de medidas para permitir los usos turísticos, urbanísticos y agrícolas con las tareas de regeneración de la laguna y fue ratificada con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos. Entre otras disposiciones, creaba una franja de protección de 1.500 metros destinada a la agricultura ecológica y limitaba el uso abonos en la cuenca. No obstante, los ecologistas llevan denunciando el incumplimiento del texto desde su aprobación.
Disputa en la Eurocámara
La aparente cordialidad entre estos partidos en la Asamblea de Murcia contrasta con las diferencias que muestran en la Eurocámara. Los eurodiputados del PSOE llevan meses afeando la conducta del Gobierno regional con el tema de los nitratos mientras que el PP alega que es cometido del Ejecutivo garantizar el estado de las masas de agua.
Con la decisión de otorgar personalidad jurídica a la laguna, cualquier persona estará legitimada para su defensa con derecho a recuperar lo gastado en el litigio. Ya la propia promotora de la iniciativa, la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia Teresa Vicente, advirtió que se abría «una nueva etapa jurídica, política y social». Cuánta razón tenía.
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