El Gobierno prepara un un protocolo contra el acoso sexual entre los trabajadores de la Administración General del Estado
El Gobierno sancionará «insinuaciones», «flirteos ofensivos» o «comentarios insinuantes» en el ámbito laboral
Están ultimando la negociación de un protocolo pionero contra el acoso sexual entre los trabajadores de la Administración General del Estado
Los flirteos, besos o abrazos no deseados, comentarios sexistas entre funcionarios o el trato denigrante a los trabajadores trans podrían pasar a estar sancionados o, incluso peor, conllevar el despido inminente de la persona debido al protocolo de prevención del acoso sexual en la Administración General del Estado en el que trabaja el Ministerio de Hacienda y Función Pública y junto a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF, aunque todavía no han llegado a un acuerdo.
El plan del departamento de María Jesús Montero se enfocará en todas las cuestiones que puedan ocasionar «algún tipo de malestar» o «una agresión» a las empleadas públicas «por el hecho de ser mujer». Así ha subrayado que, en caso de que se produzcan, se prevén «importantes sanciones que pueden pasar incluso por la separación definitiva del servicio».
Pretenden proteger al colectivo LGTBI
Siguiendo este plan, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que además de estar ultimando la negociación de este protocolo, busca proteger de forma clara al colectivo LGTBIQ+. Este acuerdo se rubricará previsiblemente los próximos días, tras la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El protocolo será el más grande en cuanto a la cobertura de aplicación laboral en España, ya que se podrán acoger al mismo más de 230.000 de personas que trabajan en la Administración General del Estado, así como a las empresas externas contratadas del sector privado.
CSIF ha asegurado que el texto es muy efectivo, ya que recoge un mecanismo «rápido, eficaz, accesible, sencillo, confidencial y anónimo» que protegerá a las personas que puedan ser víctimas de acoso sexual o por simples razones de sexo. Este protocolo contará también con la supervisión del contenido que se cree a través de medios tecnológicos con el objetivo de «prevenir, detectar, abordar y erradicar este tipo de conductas» del ámbito laboral.
Aún no hay nada definitivo, pero una vez que se firme el protocolo deberá pasar por el Conejo de Ministros para elevarlo a Real Decreto. Una vez se ponga en marcha el plazo en el que deberá ser resuelto el altercado no debe ser superior a 30 días desde que se produce la denuncia.
Varias categorías
El protocolo creado por el Ministerio y los sindicatos recoge varias categorías, entre las que están las conductas verbales –como insinuaciones sexuales, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables–, llamadas telefónicas, contactos por redes sociales indeseados, bromas o comentarios sobre apariencia sexual, entre otras.
Otros comportamientos tipificados son «conductas no verbales: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas impúdicas y gestos, cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo o con claro contenido sexual».
Asimismo, también se alude a «comportamientos físicos: contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos».
Respecto a las conductas constitutivas por «orientación sexual o identidad o expresión de género», se incluyen entre ellas ignorar aportaciones, realizar comentarios o acciones que afecten a la dignidad de la persona, dirigirse con maneras ofensivas o llevar a cabo conductas que denoten una falta de respeto por la diversidad sexual y de género, ridiculizar a la persona o utilizar humor de forma despectiva, menospreciar el trabajo o utilizar humor sexista y vejatorio de manera reiterada y con intención de vejar.
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