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28 de marzo de 2024

Fábrica de celulosa Ence, en Pontevedra

Fábrica de celulosa Ence, en PontevedraEuropa Press

Varapalo a los nacionalistas gallegos

El Supremo avala la continuidad de la factoría de Ence en la Ría de Pontevedra que aprobó el Gobierno de Rajoy

El Alto Tribunal considera legal la prórroga de las concesiones anteriores a la ley general de Costas de 1988 que el BNG utilizó para declarar persona «non grata» al expresidente, en su ciudad natal

Ence podrá continuar su actividad industrial en Pontevedra, hasta 2073. El Supremo ha dado la razón a la factoría en el contencioso-administrativo que mantenía con el Ayuntamiento de Pontevedra, en manos del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y, en contra del criterio de la Audiencia Nacional, avalando la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno popular de Mariano Rajoy, en 2016, que fue utilizada por el Pleno del Consistorio –siendo ya alcalde de la capital pontevedresa el actual regidor Miguel Ángel Fernández Lores– para declarar persona «non grata» al entonces presidente del Ejecutivo popular en su ciudad natal.
Los magistrados de la Sala Tercera del Alto Tribunal han resuelto los dos recursos presentados al procedimiento instado tanto por Greenpeace España como al iniciado por el propio ente local. El contenido íntegro de la sentencia, que se conocerá en los próximos días, contará con un voto particular a cargo de la juez Ángeles Huet.
En una nota que se ha hecho pública este mismo martes, el Supremo ha explicado que se pueden prorrogar las concesiones impugnadas, pese a ser anteriores a la ley general de Costas de 1988, siempre que «consten informes medioambientales favorables», como ocurría en el presente caso donde la discutida decisión del Gobierno central iba acompañada de varios estudios que avalaban la continuidad de la actividad industrial, para la fabricación de pasta de celulosa en la planta pontevedresa y en el mismo enclave.
La Sala de lo Contencioso ha estimado, así, los recursos presentados por Ence y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la Resolución, de 20 de enero de 2016, de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que otorgó a la matriz del grupo una prórroga de 60 años sobre la concesión de ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre en Pontevedra.
Ambos procesos desembocaron en sendas sentencias de la Audiencia Nacional que, en 2021, revocó la prórroga otorgada cinco años antes por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que la papelera continuase con su actividad en la ría de Pontevedra hasta el año 2073 y garantizar, de este modo, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo vinculados a la misma.
El Tribunal Central concluyó entonces que dicha autorización infringía la Ley de Costas que, entre otras cuestiones, solo permite actividades de estas características que por su naturaleza, no por razones de interés o conveniencia, no puedan reubicarse en otro lugar.
En el caso de la fábrica de Ence en Pontevedra, según el tribunal, esa circunstancia no fue acreditada, por lo que revocó el permiso obtenido por la compañía para mantener su actividad industrial en los 373.000 metros cuadrados que ocupa en la ría de Pontevedra. Una consideración que ahora ha sido anulada por el Supremo, en su totalidad, y que supondrá un respiro para las familias vinculadas profesionalmente a la planta, así como a la propia ciudad gallega.
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