La deuda catalana con el FLA roza los 72.000 millones
Fondo de Liquidez Autonómica: una proposición indecente
La proposición de condonación de la deuda de Cataluña acumulada en el FLA desde el año 2012, que asciende a fines del pasado mes de marzo 71.852 millones de euros, supone lisa y llanamente una indecencia insolidaria frente al resto de los contribuyentes españoles
El FLA se constituye en 2012, creando «un mecanismo de apoyo a la liquidez a las Comunidades Autónomas, de carácter temporal y voluntario, que permita atender los vencimientos de la deuda de las Comunidades Autónomas». Las dotaciones al Fondo, se hacen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y se financia con Deuda Pública, que paga el contribuyente −nosotros− incrementada con los intereses correspondientes.
Dado el carácter voluntario de adhesión al FLA, de las 17 CCAA, únicamente Madrid, País Vasco y Navarra, no acuden a él (Cuadro 1) para financiar sus operaciones de gasto e inversión pública. Simplemente recurren a los mercados financieros, a quienes presentan su solvencia y garantías, entre las que los inversores valoran positivamente el rigor con que manejan el dinero de los contribuyentes madrileños, vascos y navarros.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Deuda pública de las CCAA
Según publica el Banco de España, la deuda total de las CCAA ascendía a marzo de 2023, a €322.211 millones. La deuda de las tres CCAA que no participan del Fondo de Liquidez, suman €52.025 millones, que se compara con los €85.456 millones (Cuadro 2) de la deuda total de la CA de Cataluña. Deuda que en el caso catalán representa €22.023 por contribuyente, en tanto que al madrileño corresponden €10.496, al navarro €6.088, y al vasco €9.422.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Un endeudamiento excesivo −el catalán− que ilustra claramente la irresponsable gestión de los caudales públicos –como constata el Tribunal de Cuentas− que ahora derivan en la inmoral e injusta pretensión de trasladar su carga al bolsillo del contribuyente ordinario.
Corte de pelo o «haircut»
La quita o condonación de la deuda FLA, que ambiciona el gobierno catalán y las fuerzas políticas que lo apoyan, supone para Cataluña rebajar su endeudamiento en un 84%, borrando completamente su «deuda pública española» para que la paguen otros, esto es, el contribuyente español del resto de Autonomías que tributan en el régimen común, excepción hecha del catalán, con lo que se crearía un injusto agravio comparativo con entre contribuyentes de una u otra región.
¿Es o no es una proposición indecente, cargar su deuda metiendo la mano en los bolsillos del resto de contribuyentes españoles?
En argot financiero, el «haircut» es una expresión anglosajona que se aplica cuando una deuda –generalmente soberana, o de país− no puede pagarse en su totalidad, lo que es síntoma de insolvencia por la incapacidad de honrar sus deudas.
En esencia, el «corte de pelo» implica una restructuración del principal de la deuda y los intereses no pagados. Una mala, malísima señal a los mercados, aplicable también –caso de producirse− a la calificación del riesgo de crédito de Cataluña, cuestión que los financiadores valoran muy seriamente, pues siempre aspiran a cobrar su deuda.
La memoria del lector seguro recuerda al ejemplo de Grecia y su abultadísima deuda tras la crisis de 2008, que parcialmente quedó mitigada con un «haircut» o quita del 50%.
El caso catalán, por otro lado, no debe catalogarse estrictamente como un «corte de pelo» tradicional. Y esto es así, porque el acreedor –el Estado− sigue asumiendo la obligación del pago total de la deuda FLA, frente a los inversores que compraron los títulos y ante quienes no puede argumentar, que, debido a la pretendida condonación de la deuda catalana, el Reino de España se declara insolvente como consecuencia del gracioso «perdón» a Cataluña
Y al final, ¿quién pagaría realmente la deuda que rehúsa pagar la CCAA de Cataluña? Muy sencillo, Vd. estimado lector, Juan Español y nosotros, todos los contribuyentes del resto de las CCAA exceptuando Cataluña, País Vasco y Navarra.
El objetivo último de los proponentes catalanes, resulta muy fácil de conseguir cuando la posición negociadora de quien pudiera autorizar semejante tropelía, es tan débil como la que presenta el actual presidente en funciones, lo que no sería el caso, si la pretensión catalana se presentara a consulta ante los más de 18 millones de contribuyentes del resto de España. Un desorbitado precio político −los €71.852 millones o más− que pagaría el nuevo gobierno de la nación con dinero de los contribuyentes, de nuestro peculio.
Efectos de la quita
En la corriente de pensamiento «el dinero público no es de nadie», tan del aprecio de los diferentes taifas autonómicos, permítame estimado lector, corregir el mismo, con este otro: «el dinero público pertenece a todos los contribuyentes».
En primer lugar, la demanda catalana, podría causar un «efecto dominó» en el resto de CCAA, reclamando con el mismo derecho y justicia, recibir el mismo trato que Cataluña. Es decir, un café para todos de «quítame esa deuda». Pues a buen seguro con similares argumentos, desde La Rioja pasando por Valencia, las 13 CCAA restantes sin olvidar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se pondrían muy contentas por recibir semejante regalo. ¡Quítame esa deuda!
El segundo efecto colateral, es que una quita obligaría al Estado a incrementar su ya abultada deuda, o establecer un nuevo impuesto «de solidaridad», para pagar los vencimientos de la deuda condonada.
El tercero –y como consecuencia del anterior− resultaría en merma o recorte a la financiación de los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales, por cuanto los déficits crónicos de las CCAA, no podrían ser atendidos con la ligereza que el Estado ha venido aplicando desde hace 10 años, al ver éste disminuida su capacidad de endeudamiento adicional en los mercados financieros.
Finalmente, la condonación de deuda, supondría la creación de una –estimulante para gastar−ilusión financiera de las autoridades autonómicas, al ver −como consecuencia del perdón− que sus propios ratios de deuda sobre PIB bajarían sustancialmente. Y mediante la ilusión, seguir alimentando el déficit y su constante recurso al gobierno central, fomentando con ello la espiral de más gasto y mayores cuotas de poder político extorsionador. Al final, queda el contribuyente, abandonado y expoliado, como inerme figura de pagafantas.
No es el Estado quien paga, pues como tal carece de recursos propios originados por una actividad productiva. El Estado recibe sus recursos financieros, de dos fuentes: recaudación de impuestos y emisión de deuda pública, y ambas, vacían nuestro bolsillo sin derecho a condonación o quita en favor del contribuyente. Y son los poderes públicos quienes tienen la responsabilidad y obligación moral de hacer el mejor uso de nuestro dinero, gastando menos y gastando mejor.
¿Y Bruselas qué dice?
La Comisión Europea, adoptó el pasado marzo, una serie de orientaciones para la política fiscal de 2024. Entre ellas, defiende las políticas fiscales en 2023-2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible.
El Gobierno de España, debe explicar el modo en que la política fiscal garantice el respeto al valor de referencia del 3% del PIB junto a una reducción de la deuda verosímil y continuada.
Así mismo, la Comisión propondrá la apertura, en la primavera de 2024, de los procedimientos de déficit excesivo −3% déficit fiscal y 60% relación Deuda/PIB−. Mal se compadecen las orientaciones de la Comisión Europea con el escenario de condonar la deuda catalana y de cualquier otra que se sume a la petición del mismo trato de favor.
En resumen, nos vienen años de ajuste y consolidación fiscal, reduciendo el déficit anual que produce el desorbitado gasto público −lamentablemente sometido al mercadeo político desintegrador− y reducción paulatina del elevado nivel de deuda pública; todo ello bajo el frío escrutinio de los hombres de negro, que no entienden, ni deben, a este «mercado persa» en que con nuestro consentimiento, hemos convertido a España.
Alea iacta est