El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en una imagen de archivo
Caso Astapa
El excomisario Villarejo se 'cuela' en el juicio por la corrupción socialista en Estepona
Las defensas de los acusados solicitan la suspensión del juicio para revisar el origen de la investigación, dado que Villarejo podría haber introducido informes falsos
El excomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo puede ser una pieza clave en la resolución del caso Astapa, la supuesta trama de corrupción político-urbanística del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Villarejo se ha 'colado' en el juicio que se desarrolla en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, donde ha sido citado como testigo a fin de que esclarezca el origen del caso.
Las defensas de varios de los acusados han solicitado directamente la suspensión del juicio –que comenzó este pasado lunes, 16 años después de que se abriera el procedimiento– para que se lleve a cabo una investigación complementaria respecto a Villarejo y su supuesta vinculación con los hechos que se le imputan a, entre otros, el exalcalde socialista Antonio Barrientos, principal acusado de los 50 que se sientan en el banquillo y para quien la Fiscalía pide diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación por presuntos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Es, precisamente, la abogada de Barrientos, María Gutiérrez, la primera en solicitar la nulidad de la causa y sacar a la palestra el nombre del otrora comisario. En sus cuestiones previas, la defensa del que fuera alcalde de Estepona entre 2003 y 2008 (periodo investigado) alegó que las informaciones periodísticas «ponen de manifiesto un comportamiento absolutamente ilegal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y la «instrumentalización desde el inicio de la investigación policial» a través de Villarejo.
Informes «falsos»
En este sentido, la letrada se refirió a algunas conversaciones telefónicas y a las agendas de Villarejo publicadas en medios de comunicación, de las que se desprendería su supuesta intervención en la elaboración de informes «falsos» para la causa, motivado por presuntos intereses personales y urbanísticos en el municipio. Así, Gutiérrez planteó la nulidad de autos de intervenciones telefónicas y de entradas y registros por vulneración de derechos fundamentales.
Las defensas que han intervenido hasta ahora en el juicio se han adherido a las nulidades planteadas por la abogada de Barrientos y han apuntado, además, a la prescripción de varios delitos por los que se acusa a sus clientes. Vulneración de derechos fundamentales, dilaciones indebidas, prescripción de delitos, creación de una causa prospectiva sobre personas y no sobre hechos, así como la utilización del secreto sumarial como herramienta para hacer una investigación general son algunas de las cuestiones reiteradas por los letrados defensores en la vista oral.
Astapa se empezó a investigar a raíz del escrito que presentaron los entonces concejales del Ayuntamiento de Estepona por el PSOE Cristina Rodríguez y David Valadez ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el 16 de noviembre de 2006. Los exediles denunciaban la supuesta comisión de delitos relacionados con la corrupción en el Consistorio esteponero. La instrucción no acabó hasta 2017.
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