El fiscal lanza un duro reproche al 'chófer de la coca' del PSOE: «Era la caja pagadora de cocaína de los ERE»

La Audiencia de Sevilla ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio sobre las ayudas de los ERE que concedió el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y dirigente del PSOE, Francisco Javier Guerrero, a su chófer, Juan Francisco Trujillo, por importe de casi 1,5 millones de euros. Una sesión donde el fiscal Manuel Fernández Guerra ha concluido que el llamado 'chófer de la coca' era la «caja pagadora de cocaína, copas, antigüedades» de su jefe.

La última sesión del juicio ha estado centrada en las conclusiones y los informes finales de las partes, que son la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz como acusaciones, y de las defensas de los acusados, que son Juan Francisco Trujillo; Isidoro Ruz Espigares, administrador de una de las empresas del primero, y el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado en otra pieza de los ERE.

El fiscal del caso ha expuesto que durante el juicio ha quedado acreditado que Juan Francisco Trujillo dedicó los fondos públicos de las ayudas autonómicas «al pago de gastos propios, para terrenos e inversiones especulativas», y actuó además «mera caja pagadora de cocaína, copas, antigüedades, objetos suntuosos» y productos de tecnología en favor de Francisco Javier Guerrero.

La póliza de la madre del chófer

Todo ello se produjo mediante fondos públicos concedidos absolutamente «sin procedimiento» legal ni marco normativo», con el consiguiente «menoscabo» para el erario común, según el fiscal, que ha destacado que con el «conocimiento y beneplácito» de Albarracín como directivo de Vitalia fueron desviados 125.000 euros de la póliza de seguro de rentas del ERE de la empresa Hitemasa para crear una póliza «ficticia» en favor de la madre de Trujillo, pero sn que ella conociera el plan.

Según la Fiscalía, el 'chófer de la coca' habría firmado dicha póliza falseando la rúbrica de su madre y habría retirado los fondos abonados por la Junta por dicha póliza para dedicarlos él a «los mismos fines» ya descritos.

Respecto a Albarracín, el fiscal también ha manifestado que, por mediación de Guerrero, consintió en contratar en Vitalia al camello de Trujillo, que «no aportaba nada» a la empresa, pues se trataba de un cocinero en una consultora económica.

En cuanto a Ruz Espigares, el fiscal ha descartado la tesis del mismo respecto a que desconocía la operativa en materia de ayudas, señalando la trayectoria del mismo en la gestión de una empresa hotelera. Sobre todo, ha recordado que creó la sociedad beneficiaria de su ayuda de 450.000 euros «dos meses después» de la firma del convenio correspondiente a la entrega de tales fondos.

Y sobre la esposa de Trujillo, aunque el mismo asegurase en el juicio que ella le devolvió los 24.000 euros que reconoció haberle transferido de las ayudas recibidas para la adquisición de una vivienda, el fiscal ha alertado de que «no ha quedado acreditada dicha devolución» de fondos, destacando la «complejidad» del entramado económico orquestado por este matrimonio.

La última palabra del chófer

Juan Francisco Trujillo ha hecho uso de su última palabra después de que el fiscal, que reclamaba inicialmente para él 14 años de prisión por delitos de malversación, redujese su petición a diez años y tres meses de cárcel al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

El 'chófer de la coca' ha reclamado al tribunal la aplicación de dicha atenuante, pero en la categoría de dilaciones muy cualificadas en segundo grado, porque los hechos «se remontan a 2004 y 2005» y han transcurrido «casi 20 años».

Además, ha defendido que ha «colaborado con la justicia» y que al haber sido condenado ya por tres delitos fiscales respecto a las ayudas en cuestión, ha afrontado «33 mese»s de prisión, con el cumplimiento efectivo de «siete meses en preventiva y 12 meses de trabajos en beneficio de la comunidad».

Trujillo ha esgrimido igualmente el «sufrimiento y acoso» padecidos por su propia «responsabilidad», solicitando con ello al tribunal que ninguna de las penas que le serán impuestas por malversación supere los dos años de prisión y que las mismas sean suspendidas con la condición de que no vuelva a delinquir.

El fiscal reclamaba en su escrito inicial de acusación 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros para Trujillo, seis años y tres meses de cárcel para Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín, pero finalmente en la fase de conclusiones ha introducido una alteración en sus peticiones al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas.