El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
Andalucía
El plan de Moreno contra el exceso de burocracia en Andalucía: macroreforma legal y nueva rebaja de trámites
El nuevo decreto ley modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reducirá un 90 % el número de aplicaciones de la Junta
El Gobierno de Juanma Moreno aprobó este martes su cuarto decreto de simplificación administrativa, con el objetivo de reducir la burocracia de la Junta de Andalucía y favorecer la actividad económica. Se trata de una macroreforma legal que supone la modificación de 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes) y la reducción en un 90 % del número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100.
Este decreto ley, compuesto por más de 600 páginas, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se espera que su convalidación por el Parlamento se produzca en el último pleno de este mes o el primero de marzo. Según el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se trata del plan de simplificación administrativa «más revolucionario y potente que jamás haya hecho una administración en España».
Este decreto forma parte del Plan Andalucía Simplifica, denominado 'Plan AS', el paquete de medidas para luchar contra el exceso de burocracia que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha, y que engloba todas las medidas pensadas para mejorar la vida de los ciudadanos, además de para facilitar la actividad empresarial y la llegada de inversores a Andalucía.
Este nuevo decreto ley recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la «complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación». El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.
Mejora de plazos
Con la nueva norma aprobada este martes, en el caso de la Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduce de los 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días. Además, la solicitud se podrá presentar en la Ventanilla Electrónica de Dependencia del Portal de la Junta de Andalucía. Se crea, además, un modelo de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que no cuentan con una red familiar o jurídica que les pueda ayudar.
Mejora la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, reduciendo el número de documentos necesarios para la solicitud. Se mejoran tanto la solicitud como los anexos de la tramitación de la concesión.
También se modifica el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa para unificar los tres anexos de la solicitud de renovación en uno solo, de manera que se agiliza evitando rellenar formularios en los que duplica la información y que ha de firmar varias veces.
Al mismo tiempo se eliminan obstáculos en la prestación de servicios sociales, con un régimen de autorización menos restrictivo que garantiza los derechos de las personas que necesitan esos servicios. Así, se pasa de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses, con una declaración responsable; estableciéndose además silencio positivo.
Reducción de trámites
De forma general, con este decreto ley se amplían significativamente los trámites a los que se aplica tanto el silencio administrativo positivo como las declaraciones responsables, pero siempre garantizando la seguridad y el control en los procesos. De hecho, se establece un régimen sancionador general y aplicable a toda la administración, que sirva para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.
Este decreto ley prevé la creación de mecanismos de coordinación y colaboración, así como sistemas de acompañamiento individualizado para la ciudadanía y entidades particulares para la tramitación y ejecución de los procedimientos. Para ayudar a que la simplificación sea una realidad, se crea la figura de entidades de colaboración de certificación, regulándose su acreditación, registro y sus obligaciones.
Otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas, a las que se les otorga la competencia para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas en la gestión de determinadas materias en el ámbito de la Administración autonómica, estableciéndose la figura del convenio como instrumento a través del cual fijar los derechos y obligaciones de éstas.
Se incluye también un gran paquete de medidas de transformación digital de la Junta de Andalucía. El objetivo es extender la robotización a trámites y procesos que afectan directamente a la ciudadanía.
En materia de patrimonio histórico, el decreto ley cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia. Gracias a esta iniciativa, unos 500 expedientes anuales, en su mayoría vinculados a grandes proyectos de infraestructura y proyectos de energías renovables, verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses.
3,5 millones de firmas menos
Por otro lado, el decreto ley modifica la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para la gestión de la ejecución presupuestaria del gasto. Se elimina no sólo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecución presupuestaria del gasto, sino también los propios actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto, cuya eficacia quedará subsumida en los actos de gestión administrativa que la conlleven.
En materia de Justicia, se mejora el procedimiento para la concesión a las víctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia que requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas. Ahora se unifican ambas resoluciones en una sola.
En materia de energía, se aumenta la potencia de 100 hasta 500 kilovatios de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable, sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas. La consejería del ramo elimina las trabas adicionales introducidas por la regulación autonómica para el desarrollo de la actividad de los organismos de control, para aumentar su competitividad, reduciendo al mismo tiempo los costes trasladados al sector industrial que afectan a la competitividad de todo el sector.
Menos papeleo
La principal medida en este sentido es la eliminación de las obligaciones de comunicaciones en papel, medida que adquiere una especial trascendencia teniendo en cuenta que el volumen de inspecciones anuales de estos organismos excede de las 100.000, estimándose el ahorro económico anual para los organismos de control, únicamente en lo relativo a sus comunicaciones con la Administración, en unos tres millones de euros.
Otra modificación aprobada afecta al procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
En cuanto a las medidas que afectan a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, una de las principales novedades es que se suprime el informe preceptivo de la Junta sobre los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, en los casos en que el Ayuntamiento sea competente para regularlos.
El decreto también simplifica el registro de explotaciones agrícolas y forestales, lo que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC. A partir de ahora tendrán que aportar menos datos y se facilitarán las comunicaciones por medios electrónicos.
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