Moreno arrincona al PSOE de Montero con una auditoría por las mordidas de Ferraz en Andalucía

El PSOE andaluz se encuentra noqueado por el terremoto político de la trama de Ferraz. Su líder, María Jesús Montero, ha defendido la «contundencia» del partido frente a la corrupción. El PP de Juanma Moreno da ahora la oportunidad a los socialistas de demostrar esa «contundencia» apoyando en el Parlamento autonómico una iniciativa que reclama una auditoría de las obras públicas presuntamente afectadas por las mordidas en Andalucía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su último informe entregado al Tribunal Supremo sobre la trama del PSOE, advierte de una serie de obras del Estado en Andalucía afectadas por el presunto cobro de mordidas por parte de los dos últimos secretarios de Organización del partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el asesor de este último, Koldo García.

En consecuencia, el presidente de la Junta de Andalucía anunció una revisión del impacto de la trama en la comunidad. No lo hará directamente desde el Consejo de Gobierno, dadas las limitaciones legales, sino desde el Parlamento autonómico, donde su grupo goza de mayoría absoluta, a través de una proposición no de ley (PNL).

En su iniciativa, los populares reclaman el apoyo de la Cámara para instar al Gobierno de España a que «todas y cada una de las licitaciones de obras, adjudicaciones y su posterior desarrollo contractual que están siendo objeto de investigación judicial, sean debidamente auditadas y fiscalizadas, para ver el alcance de la repercusión económica que han ocasionado esos ilícitos penales, en especial si ha habido sobrecostes y desviaciones presupuestarias […] para que se depuren las responsabilidades políticas y personales».

Entre las obras señaladas son dos actuaciones en la línea de alta velocidad Murcia-Almería, con una inversión de 280 millones de euros; la ampliación del puente del Centenario en Sevilla, cuyo presupuesto se ha incrementado de 76 a 132 millones, y sin un plazo previsto para su finalización; el desdoble de la carretera N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios (Sevilla), o la N-322 a su paso por Úbeda (Jaén). Todas ellas presentan retrasos, sobrecostes o falta de transparencia, según el PP.

También se alude a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, dirigida por Pedro Fernández, también salpicado por la trama de las mordidas, ya que uno de sus asesores, Toño Fernández, citado a declarar como investigado por el Supremo, intervino supuestamente para obtener trato de favor en concursos de la A-63 y A-32. A través de la iniciativa se reclama «información detallada y transparente» al delegado sobre las adjudicaciones en cuestión.

Infraestructuras clave

La PNL pone especial énfasis en la importancia de estas infraestructuras para el desarrollo económico y la movilidad en Andalucía. Señala, por ejemplo, que la conexión AVE entre Murcia y Almería —clave para integrar esta provincia andaluza en el Corredor Mediterráneo— fue prometida por el Gobierno central para 2026, pero actualmente no cuenta con una fecha oficial de entrada en funcionamiento, a diferencia de otros tramos del mismo corredor en Cataluña.

También se critica el caso del puente del Centenario, cuya ampliación debería haberse completado en 2023. El proyecto ha sufrido sucesivos retrasos sin justificación clara, y su presupuesto ha aumentado considerablemente sin que se haya fijado un nuevo calendario de finalización. Esta situación, según el PP andaluz, representa un ejemplo más de «mala gestión y falta de transparencia» por parte del Gobierno de España.

Por todo ello, los populares defienden la necesidad de revisar urgentemente el sistema de contratación del Estado. También abogan por la celebración de convenios para recuperar fondos desviados sin paralizar las obras y que se apliquen penalizaciones y deducciones a las empresas que incumplan, entre otras cuestiones.

La iniciativa, que se debatirá este próximo jueves, tiene asegurada su aprobación, dada la mayoría absoluta del grupo proponente, y aunque no tendrá efectos vinculantes, obligará a la bancada socialista a retratarse sobre su compromiso real en la lucha contra la corrupción. María Jesús Montero, su líder, ha defendido que «el PSOE actúa con contundencia ante cualquier indicio de corrupción, a diferencia de Moreno Bonilla, que guarda silencio» en relación con supuestos casos que le afectan.