La Justicia europea estudia ya la consulta del tribunal de los ERE contra la «impunidad» de Chaves y Griñán

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha iniciado el trámite de las cuatro consultas enviadas por la Audiencia de Sevilla para evitar el borrado de condena impuesto por el Tribunal Constitucional en relación con la pieza política del caso ERE, que afecta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El objetivo es evitar «un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares [...] y salvaguardar los intereses financieros de la UE».

En este contexto, la Audiencia de Sevilla, encargada de emitar las nuevas sentencias, ha preguntado a las partes afectadas «si se siguen mostrando parte o se apartan del procedimiento» de la cuestión prejudicial que dicho órgano decidió el pasado mes de julio elevar ante el TJUE.

Previamente, la Audiencia había pedido a las partes del procedimiento judicial que informasen sobre si, en este caso, el Constitucional «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación» en sus sentencias anulatorias de las condenas; si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción», y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.

Con fecha de este pasado jueves, 18 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha emitido una diligencia de ordenación en la que, «a la vista del contenido de los emails recibidos por parte del TJUE», ordena dar «traslado a las partes, en especial a las partes absueltas, a fin de que manifiesten, en el plazo de tres días, a la vista de que constan bajas de procuradores, si se siguen mostrando parte o se apartan del procedimiento, y en su caso, designen nuevo procurador».

Además, en la diligencia se ordena comunicar al TJUE «el presente trámite», así como se informa de que existe posibilidad de interponer un «recurso de reposición ante la letrada de la Administración de Justicia, mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, expresando la infracción cometida a juicio del recurrente».

Comunicación del TJUE

Previamente, con fecha del 23 de julio, el TJUE remitió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla un escrito en el que el secretario de dicho organismo acusaba «recibo» de la petición de la referida «decisión prejudicial».

En dicho escrito, el secretario del TJUE solicitaba a la Audiencia que «señalara las incorrecciones que eventualmente contenga la denominación de las partes», así como le avisaba de que, «una vez traducida, la presente petición de decisión prejudicial será notificada a las partes indicadas en la petición de decisión prejudicial y a todos los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podrán presentar observaciones escritas sobre dicha petición en el plazo de dos meses».

Desde el TJUE se rogaba igualmente a la Audiencia que, «en el caso de que considere que la petición de decisión prejudicial no debería notificarse a alguna de las partes en el procedimiento nacional», informase de ello a la Secretaría del tribunal europeo «lo más rápidamente posible».