(Foto de ARCHIVO) Vehículo VTC en el acceso a la Estación de Autobuses de Plaza de Armas, en el centro de SevillaROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Andalucía corta el grifo a las nuevas licencias de Uber, Bolt y Cabify por su «crecimiento descontrolado»

La Junta critica que el Gobierno central se haya desentendido del problema y alude a razones medioambientales y de armonía del sector para tomar dicha decisión

Andalucía ha decidido cortar el grifo a las nuevas licencias de VTC por «razones imperiosas de interés general». De esta manera, la Junta interviene en el conflicto en el sector del taxi tras atender a las conclusiones de un estudio técnico sobre la gestión de la oferta en el transporte que apuntaba a un crecimiento descontrolado en el número de solicitudes en los primeros meses de 2025.

Con el objetivo de evitar una ruptura en la armonía del gremio, cuyas relaciones con los taxistas ya son de por sí complicadas, el Gobierno andaluz pondrá freno a la concesión de nuevas licencias de VTC, que utilizan plataformas conocidas como Uber, Bolt o Cabify.

A mediados del pasado mes de junio, el Gobierno andaluz ya había aprobado un decreto-ley que suspendía temporalmente nuevas autorizaciones a la espera del resultado del citado estudio que determinase nuevos criterios para su otorgamiento.

Las razones

«Este informe justifica que no se concedan más autorizaciones, fundamentalmente por tres razones», apostillan desde la Junta.

En segundo lugar, por ocasionar una mayor congestión de tráfico, porque «se ha detectado un elevado porcentaje de trayectos sin pasajeros –35 % de los kilómetros recorridos–». Y, por último, porque «la demanda está cubierta con la actual flota de vehículos, con un tiempo de espera inferior a diez minutos».

En conclusión, «no se aceptarán más autorizaciones». Ni las solicitudes que se presenten a partir de ahora ni las que se encontraban suspendidas con la aprobación del Decreto-ley, que modifica la Ley 2/2003, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de junio. «El objetivo final es velar por el equilibrio del servicio, proteger los derechos de los usuarios y lograr que VTC y taxis presten sus servicios de forma complementaria», recalcan desde la Administración.

El Gobierno se desentiende

La postura de Andalucía llega en un contexto marcado por la legislación estatal vigente, que establecía unos criterios para autorizar VTC que, principalmente, se basaban en razones medioambientales. Un baremo que funcionó hasta este mismo año, donde se ha producido un «incremento exponencial» de las solicitudes de VTC con vehículo eléctrico. Desde el 1 de enero hasta mediados de abril se han registrado cerca de 1.400 de estas solicitudes frente a las 3.700 autorizaciones vigentes actualmente en Andalucía. En el año y medio anterior sólo se habían presentado 23 solicitudes.

Esta medida se suma a otras emprendidas por el Gobierno andaluz para hacer frente a una situación de la que «el Gobierno de España se desentendió desde el primer instante, cargando la responsabilidad en las comunidades autónomas». En los últimos años, Andalucía ha emprendido medidas como la aprobación del decreto de modernización del taxi en 2021 y, un año después, en 2022, un decreto-ley para la regulación de los VTC para la convivencia pacífica entre los diferentes servicios.