¿Agua dulce o agua salada? El polémico deslinde en Doñana que el Gobierno impulsa y al que todos se oponen

La última polémica en torno a Doñana atañe a la propiedad de nada menos que 118.772 metros de marisma en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla). Se trata de un asunto farragoso, con gran cantidad de matices administrativos, pero que se resumen en una cuestión esencial: ¿son terrenos de agua dulce o agua salada?

Ambas posturas son defendibles según la perspectiva que interese adoptar, pues la marisma fue en tiempos, según los informes, 'salada' y ahora es 'dulce'. Una de las posturas la defiende el Gobierno de España, completamente solo en este caso, y la otra todos los demás actores implicados: Junta de Andalucía, ayuntamientos, agricultores, ecologistas y hasta el Consejo de Participación de Doñana.

El 10 de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aprobaba el deslinde de este tramo de 118.772 metros, debido a lo cual los bienes de dominio público de mar y tierra que se encuentran en él pasan a poder del Estado. El Gobierno, en base a estudios e informes de Tragsatec, defiende que el deslinde se ajusta a la Ley de Costas, ya que el terreno está afectado por los efectos de las mareas.

Antiguos terrenos «mareales»

El Ministerio entiende que es terreno inundable, por lo que cuentan con las condiciones necesarias para su catalogación como marismas. Considera que «el efecto mareal se dejaría sentir en gran parte de la marisma, si no se hubiera impedido por medio de construcciones antrópicas». «Aunque en la actualidad no se produzca la entrada natural de aguas de las mareas, anteriormente sí se producía y han sido causas artificiales de obras antrópicas las que han modificado el entorno natural original, para llegar al estado actual de la marisma», señala.

Sin embargo, a día de hoy es terreno de agua dulce y el resto de partes afectadas considera que hay que respetar esa situación por el bien de todos. Para el Ayuntamiento de Almonte, además de abrir «un nuevo conflicto en Doñana», pretender «calificar los terrenos como de influencia marina supone alterar la esencia de Doñana».

La organización WWF considera que supondría «impactos irreversibles» en el Parque Nacional. «Aproximadamente dos tercios de la actual Marisma pluviofluvial de Doñana pasarían a considerarse marisma mareal, con las graves consecuencias que ello tendría sobre los hábitats y especies protegidas del espacio». La biodiversidad del humedal quedaría herida de muerte por una cuestión de propiedad, «una línea sobre un mapa».

Unanimidad en Doñana

En esta misma postura se manifestó el jueves 16 el Pleno del Consejo de Participación de Doñana, reunido en sesión extraordinaria y que informó desfavorablemente del procedimiento de deslinde para la marisma. Han elevado una queja formal firmada por todos los actores del Pleno, entre los que están la Junta de Andalucía, los ayuntamiento mencionados, entidades ecologistas, representantes de agricultores o la Estación Biológica de Doñana. Todos están de acuerdo en que no existe influencia mareal y solo entra agua dulce en el gran tramo en disputa.

Ante esta situación, la Junta presentará un recurso de oposición al deslinde, al entender que el procedimiento se ha llevado a cabo sin el informe preceptivo del Consejo de Participación. Para el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, «no solo se ha ejecutado sin el consenso de las administraciones implicadas, sino que carece del rigor técnico necesario para justificar una reclasificación de terrenos que, en la práctica, afecta a más de la mitad del patrimonio público gestionado por la Junta de Andalucía en el entorno de Doñana».

Un patrimonio que, señala, incluye «fincas perfectamente conservadas, con una gestión ambiental ejemplar, que han sido objeto de restauración, seguimiento científico y control permanente». De este modo, la Administración regional y la estatal vuelven a enfrentarse por Doñana después de que las aguas volvieran a su cauce tras la crisis por la gestión del regadío. En este caso de deslinde, la Junta cuenta con el apoyo de todos los implicados, ninguno de los cuales entiende la decisión del Miteco.