La Fiscalía andaluza abre una investigación sobre los errores en el cribado del cáncer de mama

La Fiscalía de Superior de Andalucía ha emitido este jueves un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los errores en la comunicación de resultados y retrasos injustificados en el programa de detección precoz del cáncer de mama. la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha recibido una copia de las denuncias para que informe sobre los hechos.

Las denuncias presentadas sobre estos hechos son de la asociación del Defensor del Paciente, que ha ido ampliado con varios casos particulares de afectadas; Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, y Adelante Andalucía.

El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que actuara contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por «dejación de funciones», ya que ha puesto, a su juicio, en «grave riesgo» a las mujeres, que «pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía».

En su petición a la Fiscalía, la entidad argumenta que «cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas solo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública». La consejera ha reiterado su petición «a las mujeres que puedan estar en esta situación, independientemente del número, que se pongan en contacto con el SAS para entrar en ese circuito preferente una vez revisada su historia».

Izquierda Unida, por su parte, formalizaba su denuncia por los «errores graves» en el programa de cribado del cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía considerando como «implicados» a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta: Rocío Hernández, cuyo cese se produjo hace un par de semanas; Catalina García, ahora consejera de Medio Ambiente, y Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento autonómico.

En la denuncia, con fecha de 6 de octubre, se señala que los hechos acontecidos apuntan «indiciariamente la comisión de múltiples delitos», como homicidio imprudente en comisión por omisión, lesiones imprudentes en comisión por omisión y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

Respecto al primero de los supuestos delitos, se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a «un fallo sistémico en la gestión sanitaria», no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como «no concluyentes» o «dudosos» en el programa de cribado de cáncer de mama.

Se indica también que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y otras organizaciones han apuntado a que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el «cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes». «La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo, y el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía», según se recoge.

Asimismo, se expone que el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por lo que cualquier «omisión o retraso en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de diligencia en la gestión pública».

«De haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente, en los términos recogidos en el apartado 1 del artículo 142 del Código Penal, en combinación con el artículo 11, al concurrir la acción por omisión y la relación de causalidad entre la inacción y el daño causado», recoge la denuncia.

En cuanto al posible delito de «lesiones imprudentes en comisión por omisión», la denuncia recoge que esta omisión ha expuesto a las mujeres afectadas a un «riesgo grave para su salud, al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos y con mejor pronóstico».

En el caso de Adelante Andalucía, la denuncia reclama la investigación de unos hechos que enmarca en «una conducta indiciariamente constitutiva» de tres tipos delictivos: lesiones por imprudencia grave, homicidios por imprudencia grave, dejación de funciones del servicio público y, subsidiariamente, en este último supuesto señala también la posible comisión del deber de prestar servicios sanitarios, conforme a los artículos 152, 142, 409 y 196 del Código Penal.

La denuncia de Adelante se dirige contra la exconsejera de Salud Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; la viceconsejera de Sanidad, María Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García.