(Foto de ARCHIVO) El Gobierno andaluz ha cedido a Google los datos de 738.502 alumnos menores
Andalucía, amonestada por quebrar la privacidad y la intimidad de miles de estudiantes
La oposición cuestiona el convenio de Educación y la multinacional tras recibir la amonestación del Consejo de Transparencia por una presunta cesión de datos de los escolares
Polémica en Andalucía por la sanción del Consejo de Transparencia y Protección de Datos a la Junta. Se trata de hasta seis amonestaciones, dos muy graves, tres graves y una leve –que no implican multa económica– por vulnerar durante cinco años la protección de datos de 738.502 alumnos menores de edad, 43.202 profesores y 2.676 centros escolares.
El caso comienza con la firma de un convenio entre el Gobierno de Moreno Bonilla y Google para disponer de su plataforma educativa virtual a cambio de la cesión de estos datos que podrían haber quebrado la privacidad y el derecho a la intimidad de miles de estudiantes, docentes y centros.
La sanción llega además en un momento en el que el Gobierno central de Pedro Sánchez mantiene una fuerte disputa con los gigantes tecnológicos y en pleno debate por la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años.
Google mantiene acuerdos gratuitos para su plataforma educativa con Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias. La plataforma Workplace for Education engloba un conjunto de herramientas diseñadas para centros educativos, entre las que está la popular Classroom, que facilita la gestión de aulas virtuales, tareas y videconferencias que se ha utilizado para continuar con la actividad lectiva cuando era imposible llevarla a cabo de manera presencial, como por ejemplo, durante el último temporal que asoló Andalucía.
Gestión «negligente»
Esta presunta cesión de datos a la empresa multinacional ha llevado a la oposición andaluza a criticar y cuestionar el convenio de la Consejería de Educación.
La amonestación parte del Consejo de Transparencia y protección de Datos, un organismo, recordemos, adscrito a la propia Junta de Andalucía.
Los grupos parlamentarios del PSOE-A y Por Andalucía han tachado de «negligente» lo sucedido. En opinión de Patricia Alba, secretaria de Educación de los socialistas andaluces, el Gobierno andaluz debe dar «explicaciones claras y detalladas» por esa cesión de los datos de los alumnos.
«Queremos saber cómo se autorizó un convenio que ha permitido que los datos de los menores acaben en servidores fuera de la Unión Europea sin consentimiento ni haber informado a las familias».
El grupo de Por Andalucía va a registrar en el Parlamento andaluz «una batería de iniciativas» para exigir las explicaciones necesarias en lo que consideran “un asunto de extrema gravedad.
La Consejería de Educación rechaza la acusación de que se hayan cedido los datos del alumnado y del profesorado a Google incidiendo que el Consejo se ha limitado a señalar la necesidad de establecer medidas más claras a la hora de informar a los usuarios y de formación docente sobre la creación de estas cuentas. La Junta ha detallado en una respuesta recogida por Europa Press que este órgano «consideró la necesidad de establecer medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y la explicación del tratamiento de sus datos, como así ha ocurrido a través del Plan de Acción puesto en marcha para dar respuesta a las propuestas».
Una argumentación que parece no convencer a algunas de las familias implicadas, que fueron quienes denunciaron las primeras irregularidades que llevó al inicio del mencionado procedimiento sancionador tras recibir varias reclamaciones presentadas entre 2022 y 2023 por parte de docentes y padres de alumnos.