El hotel que Montero prometió demoler en El Algarrobico cumple 20 años de abandono entre litigios y protestas

Este sábado se cumplen 20 años desde que el magistrado Jesús Rivera ordenara la paralización de las obras del hotel promovido por Azata del Sol en la playa de El Algarrobico. El edificio se levanta en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el término municipal de Carboneras. Dos décadas después, la mole de hormigón sigue en pie, convertida en símbolo de un conflicto judicial y político que parece no tener fin.

El 21 de febrero de 2006, las obras estaban ejecutadas al 95 % y la empresa había intensificado los trabajos con turnos nocturnos para adelantar la apertura. Sin embargo, la decisión judicial detuvo en seco la actividad y congeló un proyecto que avanzaba a toda prisa. Desde entonces, el hotel, de 21 plantas, permanece abandonado frente al mar como un recordatorio visible de la batalla legal.

Esta paralización fue posible gracias al recurso presentado por el colectivo conservacionista Salvemos Mojácar, al que pronto se sumaron organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción, defendiendo que el proyecto vulneraba la Ley de Costas y se asentaba en suelo no urbanizable dentro del parque natural. Su ofensiva jurídica marcó el inicio de una larga batalla en los tribunales.

La Justicia apreció indicios de que el edificio invadía la servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre y consideró que permitir la continuación de los trabajos podía causar daños irreversibles o de muy difícil reparación. Aquella medida cautelar provisional, adoptada por un juzgado de Almería, abrió un procedimiento que aún hoy no ha alcanzado su desenlace definitivo.

Con el paso del tiempo, la decisión del juzgado almeriense derivó en todo un laberinto judicial. El caso, de hecho, acumula 14 sentencias del Tribunal Supremo y decenas de autos de distintas instancias, sin que ninguna de estas resoluciones haya logrado todavía devolver la playa a su estado original ni fijar una fecha definitiva para la demolición del hotel.

El balance de estas dos décadas sí deja, en cambio, una victoria reciente para los ecologistas en el frente urbanístico. El pasado 16 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó el archivo definitivo de la causa sobre la calificación del suelo. La resolución zanja la discusión sobre el carácter no urbanizable de los terrenos donde se levanta el hotel.

Esta victoria llega después de que el Ayuntamiento publicara el 12 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia la normativa que declara los sectores ST-1, donde se alza el hotel, y ST-2, conocido como El Canillar, como suelo no urbanizable de especial protección. El Consistorio actuó bajo la amenaza directa del tribunal de imponer multas personales al alcalde cada 20 días si no cumplía al respecto.

Con esa publicación, el suelo ha quedado jurídicamente blindado frente a cualquier intento de desarrollo urbanístico. La discusión sobre su clasificación, que durante años ha alimentado recursos y contrarrecursos, queda cerrada para siempre. Para las organizaciones conservacionistas, se trata de un hito que refuerza la protección del parque natural y despeja uno de los principales obstáculos legales.

Una licencia viva

Sin embargo, el nudo principal persiste en torno a la licencia de obras concedida en 2003. Aunque resulta contraria a la normativa actual, sigue viva desde el punto de vista administrativo. El intento del Ayuntamiento de anularla mediante una revisión de oficio ha fracasado en este inicio de 2026. Los ecologistas han enmarcado esta tentativa en un «bucle de artimañas» destinado a dilatar los plazos.

El expediente administrativo, iniciado el 11 de julio también bajo presión judicial, tenía un plazo legal de seis meses. Caducó el 11 de enero sin resolución porque el Consistorio remitió la documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía en diciembre. La falta de papeles suspendió el dictamen preceptivo necesario para anular el permiso y dejó el procedimiento en punto muerto.

La situación ha colmado la paciencia de Greenpeace, que ha solicitado ante el TSJA que se deduzca testimonio a la Fiscalía contra el alcalde, Salvador Hernández, para investigar un posible delito de desobediencia. La ONG acusa al regidor de emplear subterfugios durante tres años para dejar morir los plazos. Los ecologistas también le han regalado a Hernández una tarta con la forma del hotel para celebrar los 20 años de paralización de las obras.

La promesa de Montero

A la incertidumbre jurídica se suman las promesas incumplidas desde la política. En febrero de 2025, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció a los pies del hotel que sería derribado en un plazo aproximado de cinco meses. Fue la primera gran promesa electoral de Montero como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, un año después, la mole continúa intacta.

El Gobierno de España libra ahora una batalla económica con Azata del Sol. El pasado 4 de febrero, el Tribunal Supremo rechazó las cautelares solicitadas por la promotora y dio vía libre al Ministerio para la Transición Ecológica para ocupar los terrenos. No obstante, aunque el Estado ya puede tomar posesión de la finca, la indemnización por la expropiación mantiene abierto también este frente.

La distancia entre las partes es abismal. Azata del Sol reclama 44,5 millones de euros por los terrenos, mientras que el Gobierno ofrece apenas 16.496 euros. Ante la falta de acuerdo, el expediente ha sido remitido al Jurado Provincial de Expropiación, que deberá fijar el justiprecio. Así, dos décadas después de la orden del juez Rivera, el hotel de El Algarrobico sigue en pie, suspendido entre sentencias firmes, plazos que se agotan y promesas incumplidas.