Rafael Velasco, ex vicesecretario general del PSOE andaluz, en una rueda de prensa (archivo)PSOE

Andalucía

El juez sitúa a un paso del banquillo a un ex número dos del PSOE-A por la trama de los cursos de formación

Varios familiares de Rafael Velasco y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ya condenado por los ERE, también se encuentran entre los procesados

Un juzgado de Sevilla ha procesado a Rafael Velasco, otrora vicesecretario general del PSOE de Andalucía, así como al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y a otros ocho acusados, entre los que se encuentran varios familiares del propio Velasco, en una pieza separada de la causa de los cursos de formación. Se trata del paso previo a la apertura de juicio, lo que sitúa a un paso del banquillo al que fuera número dos de los socialistas andaluces.

El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado en la pieza relativa al «entramado empresarial» de Rafael Velasco, en el que también habrían participado su esposa y administradora única de la empresa Aulacen Cinco, dos cuñadas y su hermano, y da así por terminada la instrucción en la que ha investigado delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.

La causa también se dirige contra el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, ya condenado por prevaricación y malversación en la pieza política de la macrocausa de los ERE; los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; A. S. F., responsable del Servicio de Gestión y Programación, todos ellos como presuntos responsables penales, y la propia empresa Aulacen Cinco, en calidad de responsable civil subsidiario.

Según el juez, la mercantil de la mujer de Velasco «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular», en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Las ayudas se desglosan en una primera de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

El magistrado subraya que, «según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones [...] gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención». Los indicios apuntan a los ex directores generales de Formación para el Empleo y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández como responsables de la aprobación y tramitación de estas ayudas.

Por su parte, A. S. F., responsable del Servicio de Gestión y Programación, «sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo».

Entre las irregularidades que se le atribuyen se encuentra la emisión de un «certificado» sobre la homologación de Aulacen Cinco en abril de 2005, una «certificación que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad el 12 de diciembre de 2005 y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005». Esto evidencia, según el juez, que se intentó dar apariencia de legalidad a la solicitud de subvenciones antes de que la empresa existiera formalmente.

En la causa también se involucra a varios familiares de Velasco. No solo su esposa era la administradora única de la empresa adjudicataria de las subvenciones, sino que también una de sus cuñadas trabajaba como evaluadora en los cursos de formación, mientras que la otra y su hermano ejercían como docentes. El juez considera que este entramado familiar estuvo implicado en la gestión y ejecución de los cursos dentro del procedimiento.

Así las cosas, la causa no solo se centra en la gestión de las subvenciones, sino también en la participación de familiares y funcionarios en un sistema que, según el juez, permitió el desvío irregular de fondos públicos bajo el amparo de la Junta de Andalucía en época socialista.