Montero suaviza sus palabras hacia el alcalde de Algeciras pero no pide perdón: «No me va a callar»

El careo tenía todos los ingredientes de un duelo político con el bulo de fondo. María Jesús Montero llegó este sábado a Algeciras con dos asuntos capitales en la agenda: la Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar y, claro, la tormenta judicial que ella misma desató. La vicepresidenta primera y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía sabía que le esperaban con el cuaderno de bitácora lleno de deberes.

Y es que la demanda de conciliación presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que reclama 200.000 euros por un delito de injurias y calumnias, ha puesto a Montero contra las cuerdas. La ministra aseguró en enero, durante una reunión de la interparlamentaria socialista, que el regidor estaba «condenado por violencia de género». Una afirmación que nunca fue cierta.

«En lugar de denunciado dije condenado»

Ante los micrófonos, Montero optó por la corrección sin aspavientos. «En unas palabras que dirigí en una comisión interparlamentaria, en vez de decir denunciado dije condenado. Corregí inmediatamente, pero utilicé esa palabra», admitió. La vicepresidenta aseguró que cuando se vuelva a convocar ese órgano, lo aclarará formalmente. «Lo digo ahora también públicamente», insistió.

Pero el alcalde no se conforma. Landaluce sostiene que Montero «sabía que era falso lo que estaba diciendo y sólo quería confundir a la ciudadanía». De hecho, el regidor recuerda que la denuncia que el PSOE presentó contra él ante la Fiscalía del Tribunal Supremo ya había sido archivada el 9 de enero, cuatro días antes de que la ministra hablara de una condena inexistente.

«No me va a callar Landaluce»

A pesar de la rectificación verbal, Montero no se achanta. De hecho, redobló la presión sobre el primer edil. «Es insostenible, y no me va a callar Landaluce ni a mí ni a las que defendemos la igualdad y un trato digno, que siga siendo alcalde de Algeciras», espetó. La dirigente socialista sostiene que el PP lo ha «suspendido de militancia», aunque lo cierto es que fue el propio Landaluce quien pidió su baja temporal en el partido tras conocerse las acusaciones.

La oferta del PSOE está sobre la mesa desde hace semanas: sus siete concejales en el Consistorio para presentar una moción de censura que mantenga a los populares en el gobierno, pero con otro rostro al frente. «No queremos hacer un torbellino político con este tema, pero el principal responsable no debería seguir en el cargo», afirmó Montero.

Denuncia archivada

La madeja tiene su intríngulis. Todo arrancó con una denuncia del PSOE local ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abuso sexual, a raíz de unas conversaciones sobre un supuesto acoso a concejalas. La Fiscalía archivó la causa por falta de pruebas. Landaluce, mientras tanto, decidió apartarse temporalmente de sus cargos orgánicos en el PP, pero mantuvo el bastón de mando y su escaño en el Senado.

«Esto no es solamente una cuestión de los tribunales, es una cuestión de comportamiento que ha sido penalizado por su propio partido», argumenta Montero, que ve en esa suspensión una suerte de validación de las sospechas. El alcalde, por el contrario, lo considera un «montaje del PSOE» para arrebatarle la Alcaldía.

Posibles consecuencias judiciales

Para cerrar el círculo, Montero volvió a enmarcar su desliz en el fragor del momento. «En el fragor de un acto confundí la palabra de condenado por denunciado, no tengo ningún inconveniente y en el próximo encuentro de ese órgano lo diré». El problema es que, para Landaluce, la confusión tiene un precio: 200.000 euros y una rectificación en toda regla que, de momento, no termina de llegar.