Iryo se persona en el caso Adamuz como parte perjudicada en el accidente

La operadora Iryo se ha personado como acusación particular en el proceso judicial que investiga el accidente ferroviario de Adamuz. Este paso supone considerar como parte perjudicada en el siniestro a esta empresa, que está respaldada por el Estado italiano.

Así lo informa su matriz italiana, la sociedad pública Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia), en su última cuenta de resultados, donde recoge los detalles del accidente en España, que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos al descarrillar uno de sus trenes y chocar inmediatamente después con un tren Alvia de Renfe que iba por la otra vía.

En un documento escrito en inglés, la compañía cita que la investigación preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como principal causa, y remarca que el responsable del mantenimiento de la vía es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), empresa pública del Gobierno de España.

La compañía italiana también recuerda que, por ahora, ninguna parte ha sido acusada penalmente y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia dueña de Iryo, ha pedido participar en el proceso legal que se lleva a cabo en el Juzgado de Montoro.

La jueza del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro ya ha permitido a Ilsa participar como acusación particular, por lo que se le considerará una parte perjudicada.

En cuanto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza rechazó su petición al no ser perjudicado directo del siniestro, según lo recoge una diligencia de ordenación, de fecha 7 de abril, a la que tuvo acceso Europa Press, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia. Tampoco se aceptó a los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, al partido político Iustitia Europa y al Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).

En cambio, la jueza ha aceptado la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero no podrá pedir pruebas ni diligencias de instrucción.

También ha admitido al colectivo Manos Limpias, a Vox, a la asociación Hazte Oír, al Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), a la Asociación Víctima de los Políticos y a la Asociación Liberum; una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.