El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo
Andalucía
El Gobierno andaluz ve un «objetivo más electoral que humanitario» en la regularización masiva de inmigrantes
El consejero de Justicia critica que el Gobierno no haya «consensuado» esta medida con el PP ni haya contado includo con la UE
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha lamentado este miércoles que la regularización masiva de inmigrantes, aprobada ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros, tenga «un objetivo más electoral que humanitario» y que, además, no haya sido «consensuada» con el PP.
«Ya estaría bien que el Gobierno de España, en decisiones tan importantes como esta, tuviese un mínimo de interés en consensuarlo con el principal partido de la oposición o con el resto de países de la Unión Europea», ha indicado Nieto a preguntas de los periodistas con motivo de la apertura de unas jornadas del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el reto de la mediación intrajudicial.
Además, el consejero de Justicia ha argumentado que «la inmigración es un hecho cotidiano que tiene que hacerse de forma ordenada, regulada y controlada para que no se produzcan abusos, en primer lugar contra los propios inmigrantes por parte de las mafias».
Preguntado también sobre este asunto, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha afirmado que «los inmigrantes son necesarios» y se ha referido al «apoyo doctrinal» de la Iglesia al respecto. Además, «se regenera este país» y se da «un paso adelante» para que estas personas puedan acceder a los servicios públicos y todo ello sin caer en una «política de odio», ha concluido Maeztu.
Sobre el proceso en sí, el Gobierno, que prevé que puedan beneficiarse de esta medida unos 500.000 extranjeros, comprobará con un informe policial que los inmigrantes que quieran acceder a la regularización no suponen ninguna amenaza para el orden público, la seguridad pública o salud pública, pero la existencia de antecedentes no implicará automáticamente la denegación de la autorización. Así se desprende del Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha publicado este miércoles el real decreto.