La juez del caso Adamuz plantea que las víctimas sean representadas por un solo abogado

La juez que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo cientos de heridos, unificará las 148 acusaciones personadas en el caso. Son 142 particulares y seis populares.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la titular del juzgado de Montoro que instruye el caso, Cristina Pastor, dictó el pasado miércoles sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares –seis– para que, en el plazo de 15 días, «procedan a unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quién asumirá la representación unificada».

Además, apercibía expresamente a las referidas acusaciones particulares de que, transcurrido el plazo concedido sin haberse alcanzado acuerdo, este órgano judicial «procederá a su unificación de oficio».

No obstante, en una providencia posterior, fechada el 23 de abril y notificada este viernes a las partes, indica que, «a fin de salvaguardar el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento», acuerda dar la opción a las partes personadas para que formulen las alegaciones que «estimen pertinentes en relación a la procedencia y alcance de la unificación interesada» en un plazo de diez días.

También suspende el cómputo del plazo de 15 días, que «quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia de 22/04/2026».

Finalmente, acuerda «mantener en todos sus extremos la providencia de 22/04/26 en lo no afectado por la presente resolución».

Los abogados afectados han expresado su rechazo a la medida, al considerar que implicaría una sobrecarga de trabajo extraordinaria para gestionar una causa de estas características, con más de un centenar de perjudicados.

La Junta de Andalucía se encuentra personada en el caso como actor civil. Esto supone que podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, derivados de la gestión de la propia emergencia.