Montero pide frenar los pisos turísticos en Andalucía, uno de los motores de su economía

El sector turístico andaluz, que aporta cerca del 13 % del PIB regional y da empleo a más de 400.000 personas, se enfrenta a un posible cambio de modelo si el PSOE gana las elecciones del 17M. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, incluyó el pasado jueves en su programa un completo paquete de medidas para frenar a las viviendas de uso turístico (VUT). La propuesta no ha dejado indiferente a nadie, y es que promete nada menos que establecer «techos máximos» por barrios en función de su «capacidad de carga social, urbana y ambiental». Una medida que acabaría con el crecimiento sostenido del turismo en Andalucía.

Lo cierto es que la iniciativa socialista pasa por dividir los municipios en tres categorías bien diferenciadas según el nivel de presión turística que soporten. En las llamadas «zonas saturadas», la prohibición de nuevas licencias sería total. Por su parte, las «de contención» no permitirían absolutamente ningún crecimiento adicional, mientras que en las «de crecimiento limitado» se condicionaría todo a la capacidad del territorio. «La Junta del PP ha permitido un crecimiento desordenado que ha generado tensiones sobre la vivienda», reza el documento socialista.

Ataque al turismo y al libre mercado

Y es que la candidata no solo quiere poner puertas al campo, sino también incentivar el cambio de uso de esos inmuebles. Montero propone la puesta en marcha de un «Plan Andaluz de Retorno de Viviendas Turísticas al alquiler residencial», un nombre tan largo como ambicioso. Este plan articularía ayudas mediante incentivos fiscales, subvenciones para la rehabilitación e incluso seguros públicos de impago para los propietarios que se animen a dar el paso. «Hay que subordinar la actividad turística al derecho a la vivienda y al interés general», defiende la también exvicepresidenta del Gobierno.

Para asegurarse de que las reglas se cumplen, el programa de Montero apuesta por la creación de una Agencia Pública Andaluza de Inspección Turística. Es decir, más gasto público. Este nuevo organismo dispondría de unidades especializadas y herramientas modernas de cruce de datos para cazar a los infractores. Y es que la Junta actual, según los socialistas, ha hecho la vista gorda con un sector que crece sin control. La promesa incluye también la «retirada ágil de anuncios ilegales en plataformas digitales» y un régimen sancionador «efectivo y disuasorio».

Más allá de la economía, la medida busca conectar con un malestar vecinal que crece en los centros históricos de ciudades como Málaga o Sevilla. Por eso, el texto propone limitar el número de viviendas turísticas por propietario para «evitar procesos de concentración» en pocas manos. Además, se exigirá la autorización expresa de las comunidades de propietarios para conceder nuevas licencias, reforzando así la llamada «convivencia vecinal».