Piden cárcel para un okupa por falsificar el contrato de alquiler con la firma de una propietaria fallecida

La Fiscalía de Granada solicita un año y tres meses de prisión para un hombre acusado de okupar una vivienda en pleno centro de la capital y presentar un contrato de alquiler falsificado con la supuesta firma de la propietaria, ya fallecida. El caso, que se remonta a marzo de 2024, se sitúa en un inmueble de la calle Pedro Antonio de Alarcón, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Según el escrito de acusación, el investigado accedió a la vivienda con la intención de residir en ella de forma permanente, aprovechando que se encontraba vacía tras el fallecimiento reciente de su dueña. La situación fue detectada por los hijos de la propietaria, quienes le requirieron explicaciones sobre su presencia en el inmueble.

Un contrato bajo sospecha

Ante las reclamaciones de la familia, el acusado aseguró contar con un contrato de arrendamiento que, según afirmaba, había firmado con la propietaria antes de su fallecimiento. Este documento fue presentado posteriormente en sede judicial, lo que llevó inicialmente a suspender el procedimiento para comprobar su autenticidad.

El juzgado acordó entonces la práctica de una prueba pericial caligráfica con el objetivo de determinar si la firma que figuraba en el contrato correspondía realmente a la propietaria del inmueble.

El informe pericial desmonta la versión

El análisis técnico resultó determinante para el curso del caso. El informe concluyó que las firmas recogidas en el contrato no habían sido realizadas por la propietaria fallecida, lo que reforzó la sospecha de falsificación documental.

A raíz de este dictamen, la Fiscalía considera que el acusado incurrió en varios delitos, entre ellos usurpación de inmueble, falsedad en documento privado y estafa procesal en grado de tentativa, al haber intentado utilizar el contrato presuntamente falsificado para legitimar su permanencia en la vivienda.

Petición de pena y contexto judicial

Por estos hechos, el Ministerio Público reclama una condena de un año y tres meses de prisión, además de una multa de 1.800 euros. El caso se enmarca en el debate creciente sobre la ocupación ilegal de viviendas y las estrategias empleadas en algunos casos para intentar acreditar una supuesta legalidad en el uso de los inmuebles.

La investigación ha puesto de relieve la importancia de las pruebas periciales en este tipo de procedimientos, especialmente cuando se trata de documentos que pueden alterar el curso de un proceso judicial.