Vox recupera para el 17-M la ley de concordia que acordó promover con el PP en 2019 y nunca se aprobó

Vox recoge entre sus compromisos de nuevo en esta campaña la sustitución de la ley de memoria histórica en este caso de Andalucía por un «marco de Concordia», que es lo que ha impulsado en las regiones donde ha gobernado con el Partido Popular, en forma de ley, o de plan en el caso de Aragón, al considerar que las leyes de memoria fomentan la división entre españoles.

En el punto ocho del programa con el que se presenta a las elecciones del 17 de mayo, la formación de Santiago Abascal promete defender la concordia y la reconciliación heredada de padres y abuelos «frente a las políticas que pretenden reescribir la historia e imponer una verdad oficial que atenta contra la libertad de cátedra y la memoria e intimidad personal y familiar de los españoles».

Se trata de una iniciativa que formaba parte del acuerdo de investidura que en 2019 firmaron el PP y Vox por el que este daba sus votos a Juanma Moreno pero sin entrar en el Gobierno andaluz. Era la primera vez que el dirigente popular tenía la posibilidad de asumir la Presidencia de la Junta. Ambos partidos sellaron entonces un pacto de 37 medidas, y entre ellas figuraba la de promover una ley de Concordia que sustituyera a la de memoria histórica autonómica.

En esa primera legislatura en la que gobernó Moreno Bonilla, Vox llevó al Parlamento de Andalucía una ley en ese sentido, sin embargo, decayó tras contar con el único apoyo de sus entonces 12 diputados y la abstención de los populares y de Ciudadanos. En 2022, meses después de las elecciones, el partido registró en la misma línea una ley de Reconciliación para «salvaguardar la concordia», que conllevaba derogar la ley de memoria. No obstante, en la región esta continúa vigente hoy.

Y desde el partido de Abascal acusan al Gobierno de Juanma Moreno de haber destinado «más de 10 millones de euros» a desarrollarla desde que llegó a la Presidencia. En alguna ocasión lo han llegado a calificar de «chiringuito ideológico» y es una de las leyes a las que alude Vox cuando reprocha al PP andaluz que mantenga políticas socialistas.

En su programa para el 17-M Vox se compromete asimismo a garantizar la libertad para «homenajear a todos aquellos que, desde diferentes perspectivas históricas, lucharon por la España que mejor creían para sus hijos y nietos» y a exigir que sean declarados Bien de Interés Cultural todos los bienes históricos y artísticos que se encuentran amenazados por las leyes de memoria. Y asegura que se opondrán al derribo de cruces y símbolos religiosos que forman parte del patrimonio y la religiosidad popular.

La ley de 2017 solo reconoce a las víctimas de la Guerra Civil y a las del franquismo y erige la Segunda República como «el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática»

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía solo habla de «violaciones de los derechos humanos» desde «el golpe militar contra la República» hasta que termina la Transición, y por lo tanto solo reconoce como víctimas a las de la Guerra Civil y el franquismo pero no a las de la Segunda República. Por el contrario, ensalza el «legado histórico» de esta, llegando a describir este periodo como «el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática».

Esta norma, entre otras cosas, recoge, por ejemplo, la orden de retirar o eliminar los elementos «contrarios» a la «Memoria Democrática» de Andalucía, incluyendo los que se encuentran ubicados en edificios de carácter privado «con proyección a un espacio o uso público». Y la inclusión de esa «Memoria Democrática» en los currículos educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y enseñanza adulta.

Esta pasada legislatura se aprobó, de acuerdo con lo que marca la ley el II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027, que, según recoge, tiene como finalidad «asentar la política de memoria democrática en los principios de verdad, justicia y reparación, y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, estableciendo un marco de referencia orientativo para el desarrollo de las políticas públicas de memoria democrática en Andalucía».

Y entre sus objetivos se incluyen el de «contribuir a la optimización de la cooperación y coordinación entre las administraciones públicas andaluzas en materia de memoria democrática» o contribuir a «culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la posguerra» y facilitar que se conozca lo ocurrido en ese período.