La muerte de los guardias civiles en Huelva, una tragedia que se veía venir: «El tiempo nos ha dado la razón»

El narcotráfico se ha cobrado la vida de dos guardias civiles más en Andalucía. A los asesinatos de David y Miguel Ángel en el puerto de Barbate, en febrero de 2024, se unen las muertes de Germán y Jerónimo, quienes han fallecido este viernes durante la persecución a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva. Además, hay otros dos agentes heridos, uno de ellos de gravedad.

Se trata de una tragedia que se veía venir por parte de quienes combaten esta lacra. El narco ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, diversificar rutas y perfeccionar sus métodos de introducción de droga, incrementando paralelamente su capacidad de intimidación y violencia frente a unas fuerzas de seguridad con recursos limitados.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el sindicato Jucil llevan años denunciando la falta de medios materiales, humanos y jurídicos para hacer frente a organizaciones criminales cada vez mejor equipadas y más violentas, que se sienten impunes e incluso han llegado a abrir fuego contra agentes. Además, Huelva se ha consolidado en los últimos tiempos como uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa.

Así las cosas, tras esta tragedia en Huelva, la AUGC ha insistido en que lo ocurrido «no es un accidente imprevisto», sino «la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la administración, que optó por no actuar». En los últimos meses, la asociación había presentado diversas solicitudes ante la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil para reforzar la seguridad de las patrullas marítimas que operan contra las narcolanchas.

Entre esas peticiones figuraban una evaluación específica del riesgo laboral de las intervenciones marítimas frente al narcotráfico, atendiendo a la «elevada peligrosidad y desproporción operativa», así como una dotación mínima de cuatro efectivos por unidad en misiones con posibilidad de abordaje o contacto físico con tripulaciones hostiles. También reclamaban más medios de protección y protocolos más claros para responder a situaciones de máxima tensión.

La asociación solicitó igualmente restringir el uso de embarcaciones semirrígidas sin protección a funciones de vigilancia «no hostil», además de dotarlas de medios de visión nocturna, cabinas o pantallas de protección física y dispositivos disuasorios no letales. Otra de las demandas pasaba por revisar el procedimiento de activación de embarcaciones rápidas tipo HS60 para permitir una respuesta «inmediata y descentralizada» en situaciones de urgencia operativa.

Según la AUGC, «la administración respondió que el criterio sobre si una embarcación sin protección debe enfrentarse a una narcolancha armada corresponde al agente que ya tiene encima el problema. Sin protocolo, sin dotación adecuada, sin respaldo previo de ningún tipo», lo que refleja «el nivel de la respuesta institucional a las advertencias».

También desde Jucil han recordado que llevan «mucho tiempo denunciando públicamente» el «grave deterioro» de la seguridad en las costas andaluzas. «Lo advertimos tras el asesinato de nuestros compañeros en Barbate y volvimos a insistir en que aquello podía repetirse. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón», ha subrayado el sindicato.

Jucil sostiene además que el Ministerio del Interior –dirigido por Fernando Grande-Marlaska– «no puede seguir ignorando la realidad que viven diariamente los agentes destinados en Andalucía», especialmente en las zonas «más castigadas por el narcotráfico». A juicio del sindicato, la situación «ha alcanzado un nivel límite» y exige «una respuesta inmediata, contundente y coordinada». En su comunicado concluye que «no puede haber más advertencias ignoradas ni más promesas vacías».

En el río Guadiana, a la altura de la localidad lusa de Alcoutín, que hace frontera con Huelva, perdió la vida el pasado mes de octubre un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal después de que, como en Barbate, una narcolancha embistiera su patrullera. La tragedia tocó muy de cerca a la provincia onubense, que esta vez la ha vivido en sus carnes con las muertes de Germán y Jerónimo, miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que hace apenas mes y medio, en marzo, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Huelva firmaron un escrito interno en el que expresaban temor por su vida tras los episodios ocurridos en Barbate y en el río Guadiana. «Es solo cuestión de estadística o tiempo que nos toque enfrentar las situaciones expresadas anteriormente, con los consiguientes daños humanos en que pueden desembocar», advertían en dicho documento.

Se reabren heridas en Barbate

La muerte de los dos guardias civiles en Huelva también ha provocado la reacción de la asociación 'Nuestro Corazón Por Bandera', formada por familiares de agentes y nacida tras la tragedia de Barbate. La entidad ha expresado su «profundo dolor, indignación e impotencia» por lo sucedido en Huelva y ha asegurado que noticias como esta suponen «volver a abrir heridas que jamás terminaron de cerrar».

«Hoy tenemos el corazón roto», ha señalado la asociación en un comunicado en el que vuelve a denunciar la situación «insostenible» que viven muchos agentes destinados en determinadas zonas del país. Esta entidad también ha venido advirtiendo de que episodios dramáticos como el ocurrido en Barbate podían repetirse si no se adoptaban medidas urgentes para reforzar la seguridad de las unidades desplegadas en la costa andaluza. El tiempo, a ellos también, les ha terminado dando la razón.