Andalucía  El pacto que PP y Vox firmaron en 2019: freno a la inmigración, atención a embarazadas y consejería de familia

Moreno Bonilla se toma su tiempo. El actual presidente de la Junta de Andalucía en funciones no ha llamado todavía a Vox desde las elecciones del pasado 17 de mayo, lo que ha enfurecido a la formación de Santiago Abascal. «Reaccionamos mal al chantaje», ha advertido este lunes su portavoz nacional, José Antonio Fúster.

Y es que desde el PP-A se agarran al «contundente» resultado que arrojaron las urnas, donde cosecharon una victoria holgada con 53 diputados… pero insuficiente. A los populares les faltan dos escaños para amarrar la mayoría absoluta y conseguir la investidura de Moreno, que piensa en un acuerdo parlamentario con el grupo de Manuel Gavira, pero en ningún caso los quiere en su Ejecutivo. Desde Vox han evitado hablar de sillones, señalando que lo importante «son las políticas».

De ser finalmente así, el escenario es similar al del año 2019. Moreno selló su pacto de gobierno con Ciudadanos, convirtiéndose su líder, Juan Marín, en el vicepresidente del Ejecutivo autonómico. Con Vox, sus respectivos secretarios generales, Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, y Javier Ortega Smith, se selló un acuerdo parlamentario de varias medidas de cumplimiento obligatorio para la Junta. La formación derechista acabaría acusando al PP-A de no hacerlo, por lo que bloquearon la aprobación de los presupuestos durante aquella legislatura.

Un pacto con 37 medidas

Cinco semanas después de los comicios del 2 de diciembre de 2018, una foto a cuatro rubricaba el acuerdo para la investidura de Moreno el 9 de enero de 2019. Lo firmaron el propio Juanma Moreno; el que fuera candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, y los entonces secretarios generales de PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, respectivamente. De todos ellos, tan solo sobrevive 'políticamente' el aspirante a la reelección.

Se trataba de un pacto de 37 puntos con los que Vox instaba a la Junta a trabajar «decididamente para garantizar la igualdad efectiva de derechos y obligaciones de todos los españoles independientemente del lugar en el que residan».

La creación de empleo de calidad y la lucha contra la corrupción aparecían como los dos primeros puntos de ese acuerdo, en que también se incluía la eliminación de todos «los organismos superfluos y suprimir la administración paralela» de la Junta.

Poner en marcha «un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas» era otro punto, así como la creación de una consejería de familia.

Asimismo, se recogía «cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas». Otra medida era «apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral».

El acuerdo también contemplaba que la Junta de Andalucía colaboraría «con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico».

«Reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa», así como sustituir la Ley de Memoria Histórica y Democrática por una Ley de Concordia eran otras medidas contempladas en aquel acuerdo.