Sobrecostes, pérdidas y contratos desiertos: las constructoras dan la espalda a la obra pública en Andalucía

Las tensiones internacionales y el encarecimiento de las materias primas han comenzado a afectar a la obra pública en Andalucía, donde cada vez más proyectos se quedan sin empresas interesadas en ejecutarlos. El fenómeno, que afecta tanto a contratos en marcha como a nuevas licitaciones, ha encendido las alarmas en un sector que reclama cambios urgentes para evitar un mayor deterioro de la inversión.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) cifra en cerca de 300 las obras públicas que han quedado desiertas en Andalucía. Según la patronal, estas licitaciones sin adjudicatario se han duplicado respecto al mismo periodo de 2025 y representan ya el 12 % del volumen total contratado en la comunidad autónoma.

El impacto económico de esta situación alcanza los 116 millones de euros, correspondientes a proyectos que continúan sin adjudicarse. La cantidad multiplica por tres la registrada durante el mismo periodo del año anterior y supera incluso el conjunto acumulado durante todo 2025. Entre las actuaciones afectadas figuran trabajos de conservación viaria y la construcción de distintos equipamientos públicos.

Según el diagnóstico del sector, la crisis geopolítica en Oriente Medio ha alterado completamente el escenario sobre el que se diseñaron numerosos contratos. Desde febrero, cuando estalló el conflicto, el incremento de los costes de materiales y de la energía ha dejado obsoletos muchos presupuestos aprobados con anterioridad, haciendo económicamente inviables determinadas obras bajo las condiciones inicialmente pactadas.

Entre los productos más afectados destaca el betún, elemento básico para la fabricación del asfalto, cuyo precio se ha incrementado hasta un 50 %. También el acero corrugado y el hormigón registran alzas superiores al 15 %, mientras que el coste energético se ha encarecido alrededor de un 47 %, repercutiendo de forma transversal en toda la cadena de producción.

Ceacop sostiene que estas circunstancias están afectando directamente a los trabajos ya adjudicados. Según la patronal, más de la mitad de las obras en ejecución experimentan ralentizaciones debido a la reorganización de suministros y compras por parte de las constructoras, que tratan de amortiguar unos sobrecostes para los que no existe una expectativa clara de compensación.

«Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes», ha advertido el secretario general de Ceacop, Arturo Coloma. La patronal de la construcción recuerda también que situaciones similares ya se produjeron durante la pandemia y posteriormente con las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania.

Desde el sector se considera que el problema tiene un carácter estructural debido a las limitaciones de la legislación vigente. Las empresas que suscribieron contratos a precio cerrado deben asumir las condiciones inicialmente establecidas, lo que las obliga a soportar pérdidas o a ralentizar la ejecución hasta que los mercados recuperen cierta estabilidad. Así, cuando ninguna compañía acepta esas condiciones, los concursos quedan desiertos.

Ante este panorama, Ceacop reclama al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación inmediata de un real decreto que permita revisar de forma extraordinaria los precios de los contratos en vigor, así como introducir de manera permanente estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público para que futuras crisis internacionales no vuelvan a dejar al sector sin instrumentos de respuesta.

Tranquilidad en la Junta

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, también ha solicitado al Gobierno de España la creación de fórmulas de revisión de precios ante «la volatilidad del mercado» derivada de los conflictos internacionales. La dirigente autonómica ha defendido la necesidad de abordar «de forma seria y rigurosa una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permita responder de forma más efectiva a estas circunstancias».

No obstante, la titular de Fomento ha subrayado que los efectos del cierre del estrecho de Ormuz, por ahora, no se han trasladado a la contratación dependiente de su departamento, toda vez que la colaboración mantenida con las empresas ha permitido evitar incidencias relevantes y ha favorecido el normal desarrollo de las infraestructuras previstas en Andalucía.

En este mismo sentido, Rocío Díaz ha asegurado que «no hay retrasos ni obras paralizadas ni contratos desiertos por esta situación» en las actuaciones promovidas por la Consejería. Como ejemplo, ha destacado el Plan de Asfaltado, dotado con 151 millones de euros, cuyos contratos se han formalizado en las últimas semanas.