El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, tras la firma del acuerdo de gobierno
'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'
'Prioridad nacional', menos impuestos y no más menores inmigrantes: lea el acuerdo de PP y Vox en Andalucía
El pacto, firmado por Juanma Moreno y Manuel Gavira, consta de 150 medidas que abarcan todas las áreas de gobierno
El PP y Vox han cerrado este jueves un acuerdo para gobernar en coalición en Andalucía, como ya ocurre en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Este nuevo pacto, que ha permitido a Juanma Moreno ser investido presidente de la Junta de Andalucía por tercera vez, consta de 150 medidas y abarca todas las áreas de gobierno.
El principio de 'prioridad nacional', exigencia de Vox, está presente en el acuerdo, que también recoge nuevas bajadas de impuestos o el compromiso de no destinar ni un euro más a la acogida de menores inmigrantes (menas). En el pacto figura asimismo el reparto de responsabilidades, con una consejería con rango de vicepresidencia para el partido de Santiago Abascal.
A continuación, adjuntamos el documento íntegro del 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', firmado por Juanma Moreno y Manuel Gavira:
Puedes descargar el pdf desde aquí: Acuerdo PP-Vox Andalucía
El acuerdo, que se ha conocido poco antes de la votación de la investidura, recoge en su punto 18 que se establecerá la 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas con arreglo a «un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», con un «periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio» y ligado a la «trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema».
El pacto contempla también la «exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital».
El acuerdo recoge también el principio de 'prioridad nacional' en el punto 49, que versa sobre el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, que se basa, como ocurre en el caso de las ayudas, en un «un arraigo real, duradero y verificable con el territorio» y comprobable por el empadronamiento histórico en España de al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler.
Además, el PP y Vox han acordado reforzar «los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio» para «garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida» y facilitar la vuelta de los andaluces emigrados.
Por eso se valorará «al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región» y «todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda» como son los jóvenes, «nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo» y similares.
El acuerdo recoge también la expulsión del sistema de VPO de quienes han sido condenados «como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años».
