Almería  Investigan por prevaricación a los concejales del PSOE que retrasaron la nulidad del hotel de El Algarrobico

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de los concejales del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) –cinco del PSOE y dos no adscritos– que votaron a favor de aplazar la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en el pleno extraordinario del pasado 17 de junio.

Según consta en el decreto dictado por el fiscal de Medio Ambiente, Juan Antonio Jiménez López, el procedimiento se inicia a raíz de una denuncia interpuesta el 19 de junio por la asociación ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. En su escrito, el colectivo denunciaba la presunta ilegalidad cometida durante la citada sesión plenaria, convocada para la revisión de oficio del permiso concedido en 2003 a la mercantil Azata del Sol.

Para avanzar en la determinación de esta posible infracción penal, el Ministerio Público ha requerido formalmente al Consistorio carbonero la aportación de una copia del acta de la sesión, así como un informe en el que se detallen los motivos de la suspensión de la misma y toda la documentación e informes jurídicos que los ediles solicitaron para justificar el aplazamiento.

Por su parte, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Cs), ya ha dado respuesta al requerimiento judicial. En un oficio, el regidor ha remitido a la Fiscalía el acta requerida, subrayando que en ella ya «fueron incorporados los informes jurídicos relativos al procedimiento de revisión de oficio». Asimismo, Hernández ha manifestado su «plena disposición» para aportar cualquier otra documentación que forme parte del citado expediente.

Las diligencias abiertas ponen el foco legal sobre lo acontecido en la sesión del 17 de junio, cuyo único punto resolutivo buscaba declarar la nulidad de pleno derecho de la licencia del inmueble, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021 y con el aval favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

Sin embargo, el debate dio un giro cuando el concejal no adscrito Felipe Cayuela solicitó dejar el expediente sobre la mesa, dada la «extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica» del asunto, justificando su petición en la falta de informes económico-financieros de Intervención y de análisis de contingencias para evaluar los riesgos patrimoniales frente a posibles indemnizaciones.

Esto fue secundado por el grupo municipal del PSOE. Su portavoz, José Luis Amérigo, justificó que, sin una estimación económica del riesgo y sin los informes pertinentes, la Corporación no disponía «de elementos suficientes para emitir voto favorable».

Finalmente, la propuesta de aplazamiento salió adelante con siete votos a favor, correspondientes a los cinco ediles del PSOE presentes (José Luis Amérigo, Vanesa Fuentes, Francisco Capel, Mariana Esteban e Isabel Hernández) y los dos concejales no adscritos (Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo). En contra del bloqueo votaron cinco concejales: el alcalde y los cuatro representantes del PP. La sesión contó con la ausencia justificada por motivos laborales del socialista Andrés Belmonte.

El resultado de la votación impidió abordar la nulidad de la licencia, obligando a levantar la sesión y desatando el procedimiento que ahora se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía de Medio Ambiente.

No obstante, dicha nulidad fue aprobada posteriormente en un pleno celebrado el 7 de julio, con el voto a favor del alcalde, cuatro ediles del PP y tres del PSOE. Abandonaron ese pleno antes de la votación el portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, junto al también socialista Francisco Capel y los dos no adscritos, Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo.